pamplona - El reelegido presidente de UAGN, Félix Bariáin, manifestó ayer que su organización “desea y exige que todo el mundo que de verdad necesita ayuda la tenga -en referencia a la renta garantizada, pero sin nombrarla-, porque vivimos en una sociedad solidaria y, por supuesto una sociedad moderna vela por los intereses de las personas”. Bariáin leyó en dos ocasiones esta idea que rescató de la rueda de prensa del 5 de octubre, en la que denunció que el cobro de esta ayuda dificultaba encontrar temporeros para las campañas agrarias.

El agricultor de cereal y vid de Eslava, que afronta su tercer mandato, utilizó un tono conciliador y propuso revisar esta ayuda en una mesa de negociación con “el Gobierno de Navarra, los sindicatos de clase, cooperativas y organizaciones agrarias -EHNE-”. Planteó que en ese marco “se reconozcan los problemas -UAGN insiste en que la actual renta garantizada no funciona- y abordarlos desde el diálogo y el sosiego”. De esta forma, señaló que “con buena voluntad es posible encontrar el cauce de entendimiento que permita a unos trabajar en base a un convenio y a otros, si por desgracia no lo encuentran, optar a esas ayudas”. En relación a este asunto, y también sin mencionar la renta garantizada, el presidente de Asaja, Pedro Barato, reiteró que “hay que incentivar el empleo, pero sin llevar a la sociedad a cobrar más sin trabajar”, una afirmación que suscitó el aplauso espontáneo de los asistentes al 13º Congreso de UAGN, con la participación de 187 compromisarios. Barato recordó que Navarra “es la segunda comunidad con los sueldos agrarios más altos, según el convenio”.

repaso de los cuatro años Bariáin defendió “la independencia política” de UAGN, aunque reconoció que “ganarán votos los partidos políticos que acepten la plataforma que van a presentar ante la celebración de las elecciones”. Calificó de “dictadura presupuestaria” la desarrollada por el departamento y culpabilizó de ello a Geroa Bai, Podemos, Bildu e I-E, porque no han dejado “hacer ninguna aportación”. Reconoció el “crecimiento del presupuesto”, pero lo achacó a “la inercia” y consideró que “no ha sido aprovechado”. Dijo que “no se ha atendido a toda la demanda inversora, ni a la promoción de productos” y que se ha apoyado “poco a la agricultura convencional, que representa al 90% de las explotaciones”.

El vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, manifestó que Desarrollo Rural ha asignado para este año 86,7 millones, un 11,38% más que en 2018 y un 44% más que en 2015. Como novedades, en 2019 se recupera la línea para la compra de maquinaria de uso común (CUMAS, con 750.000 euros, y otra de 250.000 euros para mejorar la bioseguridad en explotaciones ganaderas. Recordó que las ayudas a la primera instalación han crecido un 40% esta legislatura y que la convocatoria de 2018 “previsiblemente se publicará en enero”, con 3,5 millones. “Esta partida junto a la de inversiones suman una cantidad de 13,5 millones”, cifró.

Bariáin denunció que “como error más grave, la PAC pone el medio ambiente por delante de las personas” y reivindicó al “agricultor y ganadero” como beneficiarios de las ayudas. Propuso que el próximo Gobierno cree una “Dirección General contra el despoblamiento”, un PDR que “favorezca el mantenimiento de la población rural” y “completar las pensiones agrarias hasta el SMI -hasta los 900 euros mensuales-”. Según Bariáin, la pensión media agraria se sitúa en los 600 euros. Ayerdi reiteró que “el Gobierno y las organizaciones agrarias apuestan por un presupuesto de la PAC fuerte ante el recorte del 5% anunciado por Bruselas”. Coincidiendo con Bariáin, priorizó al profesional en un escenario de “restricción presupuestaria y con un nivel de exigencia medioambiental cada vez mayor”.