Una excepción en el Estado: Navarra es la única comunidad con lengua propia que no la reconoce como tal en su ley fundamental

Gaubeka ha denunciado que la actual regulación lingüística de Navarra, basada en la limitación territorial de la oficialidad del euskera, genera desigualdad, inseguridad jurídica y obstáculos cotidianos en el acceso a servicios públicos y privados, y ha reclamado una reforma profunda que reconozca el euskera como lengua propia y oficial en todo el territorio.

Desde el inicio de su intervención, la directora del Observatorio ha situado el foco en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral, que establece, en su primer punto, que “el castellano es la lengua oficial de Navarra”. Solo en su segundo punto matiza que “el vascuence tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes de Navarra. Una ley foral determinará dichas zonas, regulará el uso oficial del vascuence y, en el marco de la legislación general del Estado, ordenará la enseñanza de esta lengua”.

Navarra, una excepción en el Estado

En su comparecencia, Gaubeka ha subrayado que Navarra presenta una singularidad respecto a otros territorios del Estado con lenguas minorizadas. A diferencia de la Comunidad Autónoma Vasca, Catalunya, Galicia, la Comunitat Valenciana o las Illes Balears, el Amejoramiento del Fuero no reconoce expresamente el euskera como lengua propia. Aunque la Ley Foral del Euskera sí lo hace, la directora del Observatorio ha considerado que no es suficiente, ya que el texto institucional básico de Navarra sigue sin incorporar el euskera como un eje transversal.

Otro de los ejes centrales de la intervención ha sido la imposibilidad de aplicar plenamente la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, ratificada por el España. Gaubeka ha recordado que el Comité de Expertos del Consejo de Europa ha emitido recomendaciones específicas para Navarra, entre ellas la ampliación de la zona mixta y la eliminación de obstáculos normativos que dificultan el uso y el aprendizaje del euskera. No obstante, ha insistido en que no basta con atender recomendaciones parciales, sino que es necesario actuar conforme al espíritu y los objetivos de la Carta, también en la actual zona no vascófona.

Consecuencias en la vida cotidiana

La directora del Observatorio ha detallado que el artículo 9 de la Lorafna ha condicionado durante décadas el desarrollo de una política lingüística eficaz. Ha citado, entre otros ejemplos, las limitaciones impuestas en la aplicación del Decreto del Euskera, así como los obstáculos a los que se enfrentan las administraciones locales cuando intentan adoptar medidas más ambiciosas. Además, ha advertido de que el incumplimiento de los derechos lingüísticos no se produce únicamente en la zona no vascófona, sino también en la zona mixta, pese a que el Tribunal Constitucional ha establecido que el euskera es lengua oficial y debe tener plena validez y efectos jurídicos.

Gaubeka ha descrito cómo estas limitaciones se traducen en problemas cotidianos: ausencia del euskera en la señalética, en los avisos diarios, en la información pública y en el paisaje lingüístico. Aunque los planes de euskera permiten corregir algunos elementos fijos, la señalización temporal y la información cambiante quedan fuera por no ser obligatoria su traducción.

En el ámbito de los servicios públicos, ha denunciado que la elección lingüística de la ciudadanía sigue condicionada: mientras que cualquier trámite puede realizarse en castellano sin dificultad, hacerlo en euskera implica obstáculos adicionales. Esta desigualdad se reproduce en la comunicación escrita, en la atención administrativa y en los trámites telemáticos, las páginas web institucionales y las redes sociales.

Inseguridad jurídica

La directora del Observatorio ha alertado también de la falta de seguridad jurídica y del incumplimiento de normas vigentes, como la Ley Foral 11/2019, que reconoce el derecho a una buena administración y a recibir servicios públicos en condiciones de igualdad. A su juicio, estos derechos no se garantizan cuando la atención se solicita en euskera.

Más allá de los servicios públicos, Gaubeka ha puesto el foco en el ámbito privado y socioeconómico. La Ley de Atención a las Personas Consumidoras no reconoce derechos lingüísticos, lo que permite que empresas que sí ofrecen servicios en euskera o catalán en otras comunidades no lo hagan en Navarra, alegando que el euskera no es lengua oficial. Esta situación, ha explicado, afecta especialmente a empresas que prestan servicios básicos.

Oficialidad del euskera

En la parte final de su intervención, Gaubeka ha defendido que la política lingüística no puede basarse en el número de hablantes ni en las tasas de conocimiento. Ha recordado que la Constitución Española no vincula la oficialidad al uso social, y ha subrayado que en Navarra el conocimiento y la elección lingüística están condicionados por la convivencia entre una lengua minorizada y una lengua hegemónica, lo que limita también los derechos de las generaciones futuras.

La directora del Observatorio ha reclamado medidas de reparación, equidad y justicia restaurativa, y ha pedido que la reforma del Amejoramiento del Fuero incorpore el euskera como lengua propia y extienda su oficialidad a todo el territorio navarro. A su juicio, solo así se podrá establecer un “suelo ético” que garantice la igualdad real de la ciudadanía y refuerce la cohesión social.

Finalmente, ha recordado que la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, en su artículo 7.2, establece que las medidas especiales a favor de las lenguas minorizadas no constituyen discriminación hacia los hablantes de lenguas mayoritarias. En este sentido, ha subrayado que ampliar la oficialidad del euskera no va contra nadie, sino que supone garantizar derechos fundamentales.