La ley para que la Administración asuma servicios públicos externalizados no se aprobará en esta legislatura

El Parlamento acepta una ponencia tras protestar los sindicatos que los empleados de estas empresas podían despedirse en 3 años

08.02.2020 | 17:07

pamplona - La ley para que la Administración asuma servicios públicos externalizados, finalmente, no se podrá aprobar esta legislatura, ya que ayer el Parlamento aceptó una ponencia para estudiar en el plazo máximo de dos meses esta proposición, impulsada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E. El tiempo que disponen para su desarrollado parece que imposibilita que se pueda debatir posteriormente en el Parlamento para admitirla. Los sindicatos cuestionaron el documento, porque denunciaban que los empleados de las empresas que cubren los servicios externalizados por la Administración serían despedidos a los tres años al poder no superar la OPE que se plantearía para convertir esos puestos en públicos.

La ponencia, ahora, estudiará los procesos de externalización e internalización de servicios entre Administración y empresas, que incumben a centenares de empleados que cubren esas actividades externalizadas por el Gobierno y entidades locales. La iniciativa se aprobó con los votos a favor de UPN, Podemos-Orain Bai, PSN e I-E con el fin de "salvaguardar los derechos de las personas trabajadoras afectadas". En cambio, Geroa Bai y EH Bildu votaron en contra y PPN se abstuvo.

Esta ponencia responde a la proposición de ley retirada que regulaba la naturaleza y régimen jurídico aplicable al personal subrogado por la Administración de la Comunidad Foral. Se pretendía con ella preceptuar la inclusión como personal al servicio de la Administración Pública de los trabajadores subrogados bajo la denominación de personal internalizado, de modo que, sin ostentar la condición de empleado público, pudieran prestar servicios en caso de internalización o reversión de un servicio. Geroa Bai se desmarcó de su apoyo inicial a la ponencia porque, dijo que "ya no hay tiempo material de llevar a cabo una ponencia, con todo lo que implica".

UPN justificó su cambio de posición, de la abstención al voto a favor, en la conveniencia de dar cauce a una ponencia pese a que "dimana de una mala praxis, plantear un problema sin tener la solución". EH Bildu defendió el contenido de la proposición de ley pero con "discrepancias en torno a qué hacer con ese personal, abocado a una situación que, sin razón de ser, algunos entendieron como posibilidad de despido". En este sentido aseguraron que en la coalición aber-tzale nunca va a defender "una puerta de entrada a la Administración a través de una internalización que contravenga los principios de igualdad, mérito y capacidad". Podemos-Orain Bai y PSN incidieron en otorgar "seguridad jurídica al proceso y protección a los derechos de los trabajadores afectados" e I-E emplazó al Gobierno central a "ofrecer un marco regulado que permita a las comunidades concretar la reversión a lo público con seguridad jurídica" porque cada una lo hace de diferente manera. Insistió en que "hay un caos normativo, porque no existe una doctrina básica del Estado y las comunidades legislan de manera dispar; además de que se han emitido diferentes sentencias sobre subrogación". - S.Z.E./Agencias