madrid - Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, insistieron ayer en que aún queda tiempo para sacar adelante cambios laborales y han pedido al Gobierno que derogue algunos aspectos de la reforma laboral vía real decreto y a la oposición en el Congreso que los apoye. Los líderes de los dos principales sindicatos pidieron ayer al Ejecutivo que sea “corresponsable” con los cambios pactados con los sindicatos en materia laboral, referentes a la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la recuperación de la ultraactividad y el coto a la subcontratación.

Asimismo, instaron a los grupos que sustentaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la moción de censura, a que los convaliden, si bien han denunciado que “no ha habido una negociación real” con la oposición parlamentaria.

“Quedan suficientes Consejos de Ministros para que se pueda concretar”, dijeron, pero pidieron al Gobierno que busque el “consenso político” y aseguraron que los sindicatos “trabajarán” y “presionarán” para que se pueda producir, de forma que los grupos se “retraten” con lo que ha llamado “la prueba del algodón”.

Ambos lamentaron que el Gobierno “ha perdido mucho tiempo” en la búsqueda de consensos con la CEOE, que no ha tenido “voluntad” para llegar a acuerdos en materia laboral y de pensiones y que se ha distanciado respecto a su postura pactada con los sindicatos en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

pensiones Incluso, señalaron, ha llevado sus propuestas “a máximos” de cara a las elecciones, pidiendo que se incremente la edad de jubilación conforme avanza la esperanza de vida, ante lo que los sindicatos han respondido que si estira demasiado “de la manta” se replantearán, incluso, la reforma de pensiones de 2011.

“Tampoco vamos a renunciar” a recuperar los 4 puntos de cotización a la Seguridad Social que desde 1996 hasta ahora los empresarios se han ahorrado “aduciendo que el fondo de reserva tenía demasiado dinero”, amenazó Álvarez, que lo consideró “salario diferido de la pensión a las rentas del capital”.

Ambos líderes mostraron su decepción por que no se haya derogado la reforma de las pensiones de 2013, porque aunque en la práctica se está haciendo, hay que recuperar la revalorización automática conforme al IPC y acabar con el factor de sostenibilidad que sólo está suspendido hasta 2023.

Álvarez puso de manifiesto la “inestabilidad política” que ha reinado en la legislatura que se termina, fruto del fin del bipartidismo, que ha servido para que “las rentas de capital hayan continuado acumulando beneficios a costa de las rentas del trabajo”.

Bajo el gobierno del PP, destacó la reprobación vivida por 9 ministros de Mariano Rajoy, la “absoluta dejación de responsabilidades con Cataluña” y el “olvido significativo de la aplicación de la Ley de memoria histórica”. Desde el punto de vista económico, el gobierno de Rajoy estuvo caracterizado por leyes presupuestarias con rebajas de la inversión en I+D, en infraestructuras y en servicios a la ciudadanía.

En los 9 meses producidos tras la moción de censura, el balance que hacen los sindicatos tiene “nubes y sombras”, pero sobre todo falta de diálogo social con patronal y sindicatos, algo necesario para que “las medidas puedan ser puestas en marcha y ser eficaces a la hora de desarrollarlas”.

En este sentido, pusieron en valor la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros, así como el subsidio para mayores de 52 años, el incremento del permiso de paternidad y otras ayudas de carácter social aprobadas recientemente, mientras que la redacción de la ley sobre el registro de jornada “es mejorable”. - Efe