pamplona - El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha dictado una sentencia por la que reconoce el cobro del grado por parte del personal contratado de la Administración foral, tras las alegaciones del sindicato ANPE. Esta sentencia se comunicará al Juzgado nº 1 de Pamplona, que fue el que elevó esta cuestión prejudicial, y al Tribunal Supremo que, en otro asunto, la consideró esencial para admitir a trámite un tema de naturaleza análoga tras no ver estimada su demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

El Juzgado de Pamplona deberá resolver en esta línea expuesta por el TJUE y conllevaría que el afiliado de ANPE que está en el origen de esta reclamación sea de facto el primer contratado temporal que cobre el complemento retributivo de grado en Navarra. También podría suponer que la normativa navarra se modifique para acoger otros casos. Algunos sindicatos calculan que podrían beneficiarse, como mínimo, unos 8.000 contratados, con un coste para las arcas públicas de, al menos, unos diez millones anuales. ¿Cómo funciona este complemento? Los funcionarios de la Administración foral incrementan su salario a través de un complemento que van cobrando según su antigüedad. Cada 6 años y 7 meses ven aumentada su nómina por ese complemento denominado grado. Los funcionarios cobran hasta un máximo de 7 grados según avance su antigüedad. Salud y Educación, con alta eventualidad, son dos áreas con más personal favorecido por el dictamen.

cobrar entre uno y dos grados La sentencia recoge que el complemento salarial del grado tiene la consideración como “condición de trabajo” y señala que la diferencia de trato “no puede justificarse por un criterio que se refiere a la duración misma de la relación laboral de manera general y abstracta”. CCOO calcula que los afectados podrán aspirar a cobrar uno o dos grados según el periodo que lleven trabajando. Además, este abono puede tener un efecto retroactivo de cuatro años, según fuentes sindicales.

El TJUE no ve “ningún motivo relevante, preciso, concreto y aplicable a las circunstancias de las funciones desempeñadas por el personal administrativo contratado (interinos) que justifique la exclusión de estos de la percepción de este complemento”. Dicta que el marco jurídico de Navarra, en concreto el Decreto Foral Legislativo 251/1993 y reglamento que desarrolla las percepciones salariales del personal contratado, que excluye expresamente el reconocimiento y abono de un determinado complemento retributivo al personal con la categoría de “contratado administrativo”, se opone a la Cláusula 4, apartado I, del Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada, que figura como anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28/6/1999.

petición de modificar la ley ANPE solicitará al Gobierno y a los partidos del Parlamento que “modifiquen cuanto antes la normativa para que se aplique de oficio el cobro del complemento de grado para todo el personal contratado de la Administración”. Si el Gobierno de Navarra no hiciera esa modificación en la norma, esos 8.000 interinos tendrían que reclamar el complemento vía judicial como así hizo el afiliado de ANPE. AFAPNA también exigió al Ejecutivo foral que haga “extensible” el fallo para que los empleados afectados no tengan que hacer “un gasto innecesario”. Este periódico se puso ayer en contacto con el Gobierno de Navarra, pero no quiso pronunciarse todavía cómo va a actuar ante esta sentencia.

LAB, que interpuso una queja en la Comisión Europea en diciembre de 2016 y llevó a Europa dos solicitudes en enero de 2018, todas ellas a la espera de la resolución del TJUE, mostró su “satisfacción porque esta sentencia supone un paso importante hacia la equiparación entre el personal funcionario y el temporal”. Consideró que esta situación se produce ante la falta de OPE. CCOO dijo que esta medida tiene que acompañarse de una dotación presupuestaria suficiente, que garantice su posterior cumplimiento. También iniciará una ronda con los partidos para reclamarles que en los primeros presupuestos que aprueben consignen la partida económica suficiente para hacerlo.

Entre 90 y 165 euros mensuales CSIF comentó que en el proyecto de Presupuestos de Navarra se consignó una partida de 11 millones para hacer frente a una sentencia de este tipo, pero quedó en 4 millones “sin explicación aparente”. El sindicato denunció “la falta de previsión del Gobierno por la absoluta insuficiencia de esta partida”. El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) calcula que estas personas pueden ver incrementadas sus retribuciones entre los 90 y los 165 euros al mes, y en términos generales supone elevar en torno a un 8% el salario medio de los trabajadores. Antes de esta sentencia, el Gobierno ya había convocado hoy Mesa General a las 11.00, y aunque este tema no estaba en el orden del día, seguramente que los sindicatos lo abordarán. - S.Z.E./Efe