madrid - El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, imputó ayer al BBVA como persona jurídica por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios por los pagos que hizo durante años al excomisario a cambio de trabajos de espionaje.
Fuentes jurídicas confirmaron que el magistrado de la Audiencia Nacional ha acordado la imputación del banco a petición de la Fiscalía Anticorrupción dentro de la pieza del caso Tándem relativa a las contrataciones del banco a Villarejo desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control del grupo bancario, que finalmente no tuvo éxito.
El juez ha pedido al BBVA que designe a una persona como representante ante el juzgado pero ha rechazado la petición de la entidad para personarse como perjudicado en la causa.
La Fiscalía solicitó la imputación del banco la semana pasada después de analizar la documentación incautada en los registros practicados en noviembre de 2017 y la aportada por el BBVA.
Documentos que, a juicio de Anticorrupción, acreditarían que los pagos “ilícitos” a la empresa de Villarejo, Cenyt, “afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado período temporal” y se produjeron cuando Villarejo estaba aún en activo en la Policía.
La Fiscalía asocia el delito de cohecho activo a que las contrataciones a Villarejo tuvieron como objeto “múltiples servicios de inteligencia y de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito” cuando el excomisario -que lleva en prisión desde noviembre de 2017- aún era policía en activo y por tanto su cargo era incompatible con estas labores.
Los “múltiples” delitos de descubrimiento y revelación de secretos derivarían de la información a la que consiguió acceder Villarejo de manera ilegal para aportar al banco BBVA, que supone, según confirma la Fiscalía, “una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria”.
En cuanto al delito de corrupción en los negocios, según Anticorrupción, éste se pudo producir porque alguno de los directivos del BBVA investigados “habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por la facilitación de tales contrataciones”.
15.000 llamadas telefónicas Con la imputación del BBVA, prosiguen las pesquisas sobre las contrataciones por valor de varios millones del banco a Cenyt, empresa del excomisario que presuntamente habría espiado unas 15.000 llamadas telefónicas de políticos, periodistas, banqueros y empresarios, según la investigación.
Varios cargos actuales y pasados del banco están investigados en esta causa, que es secreta, incluido el exconsejero delegado Ángel Cano y el ex jefe de seguridad Julio Corrochano, que abonó una fianza de un total de 300.000 euros para no entrar en prisión.
De hecho, ayer mismo declaró como investigado el exdirector de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del banco Antonio Béjar, que anunció el pasado viernes su intención de colaborar con el juez y que en el día de ayer aportó nuevos documentos a la causa.
A raíz de su comparecencia, la Fiscalía ha retirado la petición de libertad bajo fianza de 500.000 euros que solicitó el viernes para Béjar, recién cesado como presidente de Distrito Castellana Norte (DCN).- Efe
Los protagonistas y las claves de una imputación que hunde la maltrecha reputación del bbva
En este drama en el que se entremezclan políticos, banqueros y periodistas, destacan varios actores principales:
José Villarejo: excomisario, en prisión desde noviembre de 2017 por blanqueo y cohecho e implicado en diversas tramas de corrupción, entre ellas servicios prestados a BBVA a través de la empresa Cenyt entre 2012 y 2017.
Francisco González: presidente único de BBVA durante casi veinte años y cuya relación con el excomisario le devuelve a una arena judicial en la que ya tuvo que lidiar por supuestas irregularidades en la venta de su sociedad, FG Inversiones Bursátiles, a Merril Lynch en 1996, aunque en aquella ocasión tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como Anticorrupción archivaron el caso.
Julio Corrochano: ex comisario general de la Policía Judicial y antiguo jefe de seguridad del BBVA; en el sumario constan conversaciones en las que asegura que el “presi” le llamaba cada diez o quince días, lo que complicaría la situación de FG.
Luis del Rivero: presidente de Sacyr entre 2004 y 2011, fue junto con su vicepresidente, Juan Abelló, el objetivo prioritario de los trabajos encargados a Villarejo a fin de conocer sus planes para intentar el asalto al BBVA.
Miguel Sebastián: exministro socialista de Industria, desde finales de 1999 a enero de 2003 ocupó la dirección del Servicio de Estudios de BBVA.
¿Desde cuándo se puede imputar a una empresa? En 2010 se aprobó la Ley Orgánica de 23 de noviembre, que reformaba el Código Penal e introducía en el ordenamiento jurídico español, por primera vez de forma clara y determinante, un verdadero sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
¿Qué consecuencias puede tener para la entidad? En el supuesto de ser declarada culpable, la compañía se enfrentaría previsiblemente a una multa, aunque la ley prevé una posible disolución, la suspensión de actividades durante cinco años, inhabilitación para obtener ayudas públicas y beneficios fiscales, o la clausura de sus establecimientos. Además, el Código Penal prevé la prohibición definitiva o temporal de las actividades en las que se haya favorecido o encubierto el delito.
Los hechos que relata Anticorrupción y que el juez ha dado por buenos son los siguientes:
En 2005, el banco logró zafarse del Asalto al BBVA, una operación liderada por Sacyr -a cuyo frente estaba Luis del Rivero- para hacerse con el control de la entidad, que presuntamente contaba con el respaldo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Economía Pedro Solbes y del entonces responsable de la Oficina Económica, Miguel Sebastián.
En mayo de 2018 se publican las primeras informaciones sobre los cerca de 5 millones de euros que BBVA habría pagado a Cenyt por la intervención de más de 15.000 llamadas de miembros del Gobierno, empresarios, instituciones y periodistas, seguimiento que habría comenzado en 2004, cuando Sacyr pretendía tomar el control de la entidad.
En junio de ese mismo año, aún con González en la presidencia de la entidad, BBVA inicia una investigación interna para determinar el cariz de los servicios prestados; además, en enero de este año, ya con Carlos Torres Vila al frente del banco, encargó a la consultora PwC otra investigación.
En marzo de 2019, Francisco González renuncia temporalmente a la presidencia de honor del banco y de la Fundación BBVA, un día antes de la junta de accionistas de la entidad financiera.
En julio de este año, García Castellón imputó a Corrochano -que abonó una fianza de 300.000 euros para no entrar en prisión- y al ex consejero delegado de BBVA en tiempos de FG Ángel Cano; ambos han declarado ya ante el magistrado.
Ayer se abrió el último capítulo con la declaración como investigado de Antonio Béjar, exdirector de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del banco BBVA, que anunció el pasado viernes su intención de colaborar con el juez y que en el día de ayer aportó nuevos documentos a la causa.
Tras su comparecencia, la Fiscalía ha retirado la petición de libertad bajo fianza de 500.000 euros que solicitó el viernes para Béjar, recién cesado como presidente de Distrito Castellana Norte (DCN).
