pamplona - Itziar Gómez López ha cambiado la política municipal, con una trayectoria de 12 años en Pamplona, por el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en el nuevo Gobierno de Navarra. “Los miembros de Geroa Bai que negociaron el acuerdo, entre los que se encontraba Uxue Barkos, me propusieron este cargo”, recuerda esta licenciada en Psicología por la Universidad del País Vasco y técnica de Educación Infantil. “El reto me atraía, porque formo parte de un Ejecutivo experimental, con partidos que hasta ahora no habían confluido, y porque mantenemos las políticas impulsadas en la anterior legislatura”, manifiesta la consejera. Su antecesora en el cargo, Isabel Elizalde, dirigía la consejería de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. En su caso, está al frente de las dos primera áreas, pero no así de la tercera que ha pasado a Cohesión Territorial, del socialista Bernardo Ciriza, como también la gestión de la obra hidráulica del Canal de Navarra. Estos cambios han provocado que el presupuesto del departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de 2020 no pueda compararse con el de 2019. “Superaremos los cien millones de euros”, calcula Itziar Gómez, de 54 años, casada y con dos hijas. “Trabajaré en integrar la agricultura y ganadería con las políticas de desarrollo rural y fomento de la protección del medio ambiente y buscaré potenciar la concienciación de la sociedad para involucrarla en los retos de luchar contra el cambio climático e instaurar la economía circular”.

¿Qué cifra baraja el departamento para el presupuesto de 2020?

-Las políticas que lleva este departamento van a estar en primera línea de la agenda del Gobierno por lo que exige que haya un compromiso presupuestario, que superará los cien millones. Va a crecer respecto a este año. Entre 2015 y 2019, las partidas del departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, si excluimos Ordenación del Territorio y Administración Local y el Canal de Navarra que ahora dependen de Cohesión Territorial, creció más del 50%.

¿Por qué la Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería se ha dividido en dos?

-La experiencia del Gobierno anterior nos ha llevado a replantearnos el funcionamiento. Era necesario instaurar una Dirección General de Agricultura y Ganadería y otra de Desarrollo Rural para mejorar la gestión del servio. Además, estamos en un momento clave para negociar la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2021-2027, que exigirá mucho trabajo y dedicación en Madrid.

¿La PAC podrá negociarse en tiempo y forma?

-Hay gran incertidumbre por la falta de Gobierno en Madrid y el brexit. Ya tendríamos que haber tenido prácticamente todo definido para que 2020 fuera un año de preparativos. La siguiente sectorial no se va a convocar, por lo menos, hasta enero cuando, en un principio, se haya constituido el un nuevo Gobierno en Madrid aunque los grupos de trabajo de la PAC continúan reuniéndose. El 5% de recorte del presupuesto anunciado en la PAC por el brexit y el reforzamiento de capítulos como seguridad y migración en Europa obliga al Estado a exigir un presupuesto fuerte. Como todo se está retrasando, por ejemplo, en la sesión de Gobierno del próximo miércoles vamos a llevar la propuesta de aprobar ayudas agroambientales por 2,5 millones de euros para que el sector primario no se quede sin estas subvenciones durante el periodo de transición de la PAC.

Si se mantiene el recorte del 5% en el presupuesto de la PAC, supondrá un 3,8% de bajada en las ayudas directas y un 15% en el Plan de Desarrollo Rural (PDR), ¿ha pensado el Gobierno de Navarra cómo paliar esta reducción?

-El departamento hasta ahora ha exigido a Europa y a Madrid ese presupuesto fuerte sin recortes. Por ahora, no contemplamos otro escenario.

Navarra defiende una PAC profesionalizada, para explotaciones familiares y sin derechos históricos, ¿qué comunidades apoyan esta postura?

-Está bastante generalizada, a pesar de que en la sectorial de este mes los aranceles de Trump y el brexit ocuparon las horas de reunión en las que teníamos que haber hablado sobre la PAC. En aquel encuentro nos comprometimos a enviar las posiciones de las comunidades autónomas a Madrid, y yo solicité que también se pasara al departamento esas posturas. Pero insisto en que se asemeja a nuestros principios lo que pude tratar en aquel encuentro con los representantes de otros territorios.

Agricultores y ganaderos jubilados suelen utilizar las ayudas de los derechos históricos para completar su pensión, que suele ser baja. Si estos derechos se suprimen, ¿cómo se va a solventar su situación?

-Con otra medida dirigida a ese sector, atendiendo a la realidad de sus bajas pensiones. Las ayudas siempre deben dirigirse a las personas que están en activo o que han pertenecido a este sector. Defendemos la supresión cuando se convierten en segundas rentas para ciertos perceptores.

¿Esta PAC eliminará los derechos históricos?

-Espero que sí.

Hasta ahora la PAC se dividía en dos pilares: las ayudas directas y el PDR, pero ahora se van a concentrar en un solo plan, ¿puede explicarlo?

-Estamos todos en ese espacio de incertidumbre, porque resulta complicado explicarlo. Hay un proyecto para que el primer pilar y el PDR vayan unidos en un mismo plan estratégico. Uno de los primeros objetivos consiste en simplificar la PAC. El personal técnico del departamento está inmerso ahora en este plan, pero no se puede avanzar mucho en Madrid por la falta de Gobierno. Habrá unas líneas maestras que cada comunidad adaptará a su territorio y realidad.

¿Va a mejorar las ayudas que impulsan el sector primario y que pretenden evitar el éxodo rural?

-Navarra hace una apuesta económica importante en las ayudas del PDR, y vamos a seguir en esa línea. En la última legislatura crecieron las ayudas directas destinadas al profesional de la agricultura y ganadería, a las zonas con limitaciones naturales, a la trashumancia, al pastoreo en zonas esteparias, a la ganadería sostenible. El objetivo es llegar al destinatario y que no se quede fuera por problemas con la convocatoria. Hace unos días me reunía con las juntas de los valles de Roncal y Salazar y nos pedían flexibilizar convocatorias. Vamos a seguir profundizando en la línea que inició el Gobierno anterior para mantener la población en las zonas de mayor riesgo de éxodo rural.

Si finalmente hay recorte en el PDR, ¿Navarra tendría que aportar más?

-Habría que estudiarlo. Cuando hablamos de presupuesto fuerte desde Navarra, miramos que los agentes beneficiarios del PDR no salgan perjudicados por los desequilibrios internacionales, como el brexit o los aranceles de Trump.

¿Qué posición tiene como consejera respecto al Canal?

-Debemos dar continuidad a una obra en la que Navarra ha invertido mucho. El estudio de necesidades de agua en la Ribera que elaboró el Gobierno de Uxue Barkos fue fundamental para impulsar la redacción de la segunda fase, estratégica para satisfacer las necesidades de agua de boca y de riego para una parte de la Comunidad.

¿Otro aspecto diferente es cómo se financie?

-Debemos ser realistas y adecuarnos a las necesidades de los regantes y las posibilidades financieras de Navarra y del Estado.

¿Qué competencias va a manejar su departamento en el Canal?

-Toda la zona regable del Canal. A partir de ahora la gestión de la obra hidráulica recae en Cohesión Territorial. Desarrollo Rural y Medio Ambiente mantiene la competencia de regadíos, por ese motivo estamos abordando el Plan Foral de Regadíos, que supone la calendarización de todas las actuaciones que impulsará la Administración hasta 2038. Están definidas las necesidades de la Comunidad, pero no las actuaciones, ya que primero debemos conocer el desarrollo de la segunda fase del Canal. Una vez que tengamos acordada la solución, pondremos en marcha el plan.

El primer consejo de Canasa abordó la tarifa de los regantes del Canal, ¿mantiene la subida del 2%?

-La propuesta de actualización de tarifas debe llegar a través de su comisión y eso no se ha producido. Por eso, hemos convocado el 21 de noviembre la comisión de seguimiento para trasladar a los regantes la realidad financiera de Canasa y cuál debe ser la propuesta de actualización de tarifas.

¿Se revisará la propuesta de ese 2%?

-Tampoco diría que se va a revisar. Canasa está en una situación económico-financiera en la que no puede ni prescindir de la subida del IPC.

¿Entonces se propondrá un incremento de tarifa?

-Sí, pero tiene que ser vía acuerdo entre Canasa y los regantes.

Canasa anunció que en la próxima reunión va a presentarse el estudio de alternativas de la segunda fase. ¿También se decidirá la solución?

-Creo que no. El martes hablamos de este tema en el punto de ruegos y preguntas porque así lo planteamos el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, y yo. Esta cuestión no estaba incluida en el orden del día, parece que el Estado no tiene prisa. En la próxima reunión se presentará el estudio, pero no se decidirá la solución.

¿Cuál es la alternativa que prefiere el departamento?

-Esperaré a la presentación formal del estudio de alternativas. Desde que he llegado me he centrado en terminar el expediente de ampliación de la primera fase, que todavía se encontraba en intervención, y urgía cerrar este trámite.

La gestión del Canal depende de Desarrollo Rural, Cohesión Territorial y Desarrollo Económico y Empresarial, ¿al haber tres consejerías, será más difícil acordar la mejor alternativa para la Ribera?

-El Gobierno debe llegar a una postura única. No tiene por qué ser más complicado, ya que los tres departamentos tenemos la misma meta: garantizar el agua de boca a una parte de la población de la Comunidad y responder a las necesidades de regadío de esa parte de Navarra.

¿Cómo se encuentran las obras de ampliación de la primera fase del Canal?

-Eso ya depende de Cohesión Territorial. En estos meses he trabajado en cerrar el expediente del contrato administrativo de la ampliación de la primera fase para delegar ya la obra a Ciriza. El contrato cumple con el reequilibrio y los requisitos económicos.

¿Cuándo van a actualizar los estudios económicos de la segunda fase del Canal para presentar a las comunidades de regantes?

-Dependerá de la opción elegida por Canasa. Después se actualizarán los costes para reunirnos con las comunidades de regantes de la segunda fase, a quienes se les explicará el proyecto, el coste y la adhesión.

¿Es complicado presentar un calendario de la infraestructura a los regantes?

-Ahora más que complicado resulta imposible.

¿En esta legislatura comenzarán las obras de la segunda fase?

-Me gustaría ver el proyecto encauzado.

¿Desarrollo Rural se ha replanteado la ubicación de la osa en el Pirineo?

-No depende del departamento. La normativa europea, de rango superior a la estatal y foral, establece como prioritaria esta especie, y no podemos oponernos. Desarrollo Rural y Medio Ambiente mantiene una comunicación directa con el sector ganadero, aplicamos soluciones preventivas y medidas compensatorias de los daños. Por ejemplo, en las juntas de Roncal y Salazar recordamos las medidas propuestas en la pasada legislatura, como la geolocalización de rebaños o las ayudas de pastores complementarios, y seguimos trabajando en prevenir al sector con avances tecnológicos con experiencias piloto como collares para las ovejas que ayuden a detectar la presencia del oso para ahuyentarlo; además de vallados virtuales. Hay una asignación presupuestaria, pero si fuera necesario ampliarla, se hará.

¿Qué opinan las juntas de los valles de Roncal y Salazar sobre la osa?

-El sector ganadero se encuentra en una situación difícil, en la que considera que la osa se convierte en la gota que colma el vaso. Pero el problema de esta actividad económica no es esta especie, y hay que hacer un diagnóstico real de su situación. Les transmitimos nuestro compromiso con la ganadería extensiva y la intención de aplicar políticas que mantengan la vida de los valles, porque sus explotaciones resultan esenciales para su futuro.

¿En qué va a consistir la creación de marcas de calidad de ámbito transfronterizo?

-El objetivo consiste en buscar fórmulas para llegar a nuevos mercados. Hay posibilidades de generar sinergias con productos, como la sidra, el euskal txerri, el pimiento del piquillo, etc, que van más allá de los límites de la comunidad, en el ámbito de la Eurorregión. Hablamos de un comercio próximo y sostenible con un producto seguro, local y de calidad, arraigado a la tierra, y que afianza la población en las zonas rurales.

¿Cuándo convocará el Consejo Agrario?

-Antes de concluir el año y vamos a seguir dinamizándolo.

En relación al medio ambiente, ¿considera clave esta legislatura?

-Sí, debe marcar un antes y un después para combatir el cambio climático.

El departamento trabajará el ámbito normativo de esta área, ¿qué leyes son prioritarias en esta legislatura?

-Fundamental la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Califico estas normativas de transversales porque no solo dependen de este departamento sino de todos. Debemos fomentar una Comunidad Foral verde, sostenible y circular con voluntad política y normativas exigentes. Además, la Hoja de Ruta del Cambio Climático, KLINA, y el Plan Energético Horizonte 2030 tienen unos objetivos ambiciosos. Debemos llegar a 2050 con una Navarra nula en emisiones y descarbonizada. Hablamos de eficiencia energética, de planes de movilidad alternativos y de una agricultura y ganadería sostenibles.

¿Qué líneas estratégicas contempla la legislación sobre el Cambio Climático?

-La mitigación y reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático.

¿En qué consiste la economía circular?

-Navarra debe llegar a ser una comunidad circular, con residuos cero, y la sociedad y las empresas deben implicarse. La economía circular es un nuevo modelo que produce, consume de manera responsable y logra que los residuos sean reutilizados. Para las empresas es una oportunidad, ya que entre otros beneficios, reutilizan y reducen gastos. Alcanzaremos este objetivo con la Ley Foral de Residuos, que junto a la del Cambio Climático, nos coloca en una posición referente en Europa. Por ejemplo, durante la campaña de la semana contra el desperdicio alimentario informé de que en Navarra se tiran 115.000 toneladas de alimentos, de las que un 42% se encuentran en los hogares. De media, cada navarro o navarra tira a la basura una media de 75 kilos anuales. Las personas en su ámbito deben contribuir a mitigar el cambio climático.

La Ley de Residuos es pionera, pero recurrida en varios artículos por el Estado, ¿ha solicitado la convocatoria de la mesa de trabajo?

-No hemos avanzado porque la falta de Gobierno en Madrid paraliza cuestiones relevantes como esta. Europa está planteando una normativa única sobre residuos, que igual puede ser el paraguas que necesitamos.

¿Cómo va a solucionar la actualización de la Ley Foral de Caza y Pesca el incremento de la población de especies cinegéticas, como corzos, jabalíes o conejos?

-Están los técnicos abordando esta materia, porque el aumento de estas especies perjudica al sector primario, favorece la propagación de epidemias y provoca accidentes de tráfico.

¿Qué protege la Estrategia de Biodiversidad?

-Garantiza los espacios naturales porque Navarra es un terreno rico y diverso en variedad biológica. Además, hemos actualizado el listado de especies amenazadas.