- Durante unas horas la compensación económica para los trabajadores regulados con ERTE que no lleguen al salario mínimo interprofesional (SMI) enfrentó ayer al Gobierno de Navarra con UGT y CCOO y la patronal CEN. La polémica rodeó a “esta medida prioritaria” para ambos sindicatos en el acuerdo rubricado con la presidenta Chivite, apenas 24 horas antes, en el marco del Consejo del Diálogo Social.

La confusión comenzó en la rueda de prensa celebrada tras la sesión de gobierno. El vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, contestó a cuestiones formuladas por los periodistas sobre este tema y señaló que la compensación económica es “una medida que el Gobierno desea tomar, pero que exige un estudio concreto de impacto, según se plasma de manera literal en el acuerdo”. Ante esa respuesta, se repreguntó si el documento contemplaba “el compromiso de abonar ese complemento”, a lo que Remírez insistió en que no. “Existe una voluntad de estudiar la medida, y en su caso valorar las situaciones a todos los niveles y la suficiencia presupuestaria para aplicarla”. La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, continuó en esa línea al decir que “hay que hacer una evaluación del colectivo necesario de compensación y el coste”.

El texto del pacto en ese punto señala lo siguiente: “Compensación económica a aquellas personas afectadas por expedientes de regulación de empleo de suspensión y reducción y que no vean complementado por parte de la empresa su salario al 100% y como consecuencia de ello no lleguen a percibir el SMI. Las partes se comprometen a evaluar una actuación en ese terreno con efectos a partir del 1 de julio de 2020 y con el compromiso de llegar a un acuerdo antes del 31 de julio, que deberá aprobarse en una reunión del Consejo del Diálogo Social convocado a tal efecto”. Tras la rúbrica del martes entre la presidenta María Chivite, el presidente de la CEN, Juan Miguel Sucunza, y los secretarios generales de UGT y CCOO, Jesús Santos y Chechu Rodríguez, estos últimos explicaron que el Consejo del Diálogo Social concretaría en julio las personas beneficiarias, el presupuesto y la manera de articularlo. Pero, en las primeras declaraciones que pronunció Remírez aseguró que el acuerdo no obligaba al Ejecutivo a abonar esa compensación.

UGT y CCOO mostraron a los medios de comunicación su malestar por estas declaraciones al considerar que “el Gobierno de Navarra se desdecía” de lo rubricado unas horas antes. Por su parte la CEN calificó esta intervención de desafortunada.

Ya por la tarde, Remírez difundió una nota de prensa en la web oficial del Gobierno de Navarra en la que remarcaba el “compromiso claro e inequívoco del Ejecutivo en llegar a un acuerdo concreto en torno al complemento a trabajadores en situación de ERTE en los términos acordados en el Consejo del Diálogo Social”.

En dicho comunicado Remírez manifestó “el pacto del Gobierno y, de todas las partes de la negociación, de evaluar una actuación en ese terreno con efectos a partir del 1 de julio y con el compromiso de llegar a un acuerdo antes del 31 de julio que deberá aprobarse en el seno del Consejo del Diálogo Social”. Remírez reiteró la voluntad del Gobierno de Navarra de “llegar a un acuerdo en este sentido dentro del espacio de oportunidad y negociación abierto con todos los componentes del Consejo del Diálogo Social”. Por último, el vicepresidente dijo al respecto que “todo lo anterior demuestra la utilidad y la necesidad de la herramienta del diálogo social para la búsqueda de acuerdos que redunden en beneficio de la ciudadanía, especialmente, de los colectivos más desfavorecidos”. Ahora, la voluntad del Ejecutivo, UGT, CCOO y la CEN es pactar en julio cómo se articula la compensación económica para trabajadores regulados por ERTE que no llegan al SMI. Incluso fuentes consultadas por este periódico, que asistieron a la reunión del martes, contaron que todos coincidieron en que si el acuerdo de aplicación se lograba antes de tiempo, no se iba a agotar el plazo de un mes para negociar. Toca esperar si finalmente el Gobierno, UGT, CCOO y CEN consiguen pactar cómo gestionar el complemento. Una incógnita que se resolverá en julio.