El Pacto de Toledo sobre las pensiones logra un acuerdo tras casi 5 años de debate

24.10.2020 | 01:23
Pensionistas de Navarra y la CAV, en una protesta a las puertas del Congreso de los Diputados. Foto: Efe

Madrid –- El Pacto de Toledo ha acordado por unanimidad cerrar los trabajos iniciados en 2016 sobre las recomendaciones que deben garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de la Seguridad Social y entre las que destaca el protagonismo del IPC para revalorizar las pensiones.

Los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo decidieron ayer, tras cerrar 22 recomendaciones, incluida una sobre jóvenes y Seguridad Social, que el dictamen, esencia de las propuestas, se votará el martes 27 en una comisión abierta en el Congreso.

Todos los portavoces han valorado que las recomendaciones puedan por fin ver la luz tras 4 años de trabajo, ya que las últimas propuestas se remontan a 2011 y el Pacto de Toledo tiene la encomienda de revisar sus recomendaciones cada cinco años.

El preacuerdo El IPC es el protagonista de las propuestas ya que las pensiones volverán a actualizarse según este indicador que marca el coste de la vida, dejando al margen la Ley que aprobó el gobierno del PP y que revalorizaba las pensiones el 0,25% anualmente.

Entre las principales recomendaciones están la de sanear el déficit del sistema a partir de un reordenamiento de sus gastos, mediante la separación de las fuentes de financiación a la Seguridad Social. De esta forma, el dictamen recomienda que el Estado financie o bien con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o bien con transferencias directas, los gastos impropios que hasta ahora pagaba la Seguridad Social, como bonificaciones, reducciones de cuotas por ayudas a sectores productivos, prestaciones por desempleo o vinculadas a ayudas a la familia.

En total, el ministro Escrivá calcula que estos gastos ascienden a 23.000 millones de euros que deberán ser asumidos en el periodo hasta 2023.

El borrador plantea posibilitar el traslado o reparto de cotizaciones entre los cónyuges para aminorar la brecha entre hombres y mujeres y garantizar la igualdad en el acceso al empleo. La Administración intensificará también su deber para evitar el racismo o la discriminación en el ámbito laboral, dada la mayor vulnerabilidad de los migrantes.

El Pacto aboga por que el Estado contribuya a financiar los déficits de los regímenes especiales, los complementos a mínimos de pensión, así como los incrementos en la base reguladora de la pensión que perciben las personas viudas con menos recursos o mayores de 65 años sin rentas.

Otro elemento reseñable del texto es la apuesta por acercar la edad real de jubilación a la legal. Si la transferencia de dinero de impuestos a la Seguridad Social para hacerse cargo de costes "impropios" es la vía elegida para cerrar el déficit a corto plazo, a largo sería la del aumento de la edad real de jubilación.

El Pacto contempla analizar los periodos de cotización, ampliar el abanico de cálculo de la base reguladora de las pensiones, así como extender de 35 a 37 años el periodo cotizado necesario para una pensión del cien por cien de la base reguladora.

Otras de las propuestas van dirigidas a poder elegir los 25 años mejores de cotización para calcular la pensión, a medidas que acerquen la edad real de jubilación a la edad legal con incentivos o desincentivos a las prejubilaciones y a estudiar fórmulas que no penalicen a determinados sectores que tienen carreras de cotización de más de 40 años.

Casi todas las recomendaciones ya estaban pactadas en 2019, pero tras frustrarse su aprobación, en esta legislatura los portavoces las han retocado y adaptado a las nueva circunstancia económica provocada por la covid.

Entre las novedades está estudiar un procedimiento para que los autónomos puedan cotizar por sus ingresos reales, y en este sentido el PP ha avanzado que el mecanismo debe ser consensuado en la Mesa del Diálogo Social. Fuentes del PP han señalado que este punto es "fundamental" para que el partido pueda posicionarse a favor del dictamen. Otra novedad de las recomendaciones es que el Pacto de Toledo aboga por establecer un remanente mínimo en el Fondo de Reserva sujeto a una regla que endurezca su disponibilidad.

Las recomendaciones señalan además a la propuesta de la Carta Social Europea como referencia para establecer un indicador de lo que es una pensión suficiente y que permita hacer un seguimiento sobre si hay desviación o no. Esta fórmula podría ser la tasa de sustitución (relación entre la pensión media y el salario medio) comparada con ámbitos territoriales de países avanzados de la UE.

También piden la necesidad de salarios dignos para los jóvenes con el fin de que se les garantice una pensión digna y la solidaridad entre las cotizaciones de diferentes bases, aunque en este sentido no se ha recomendado el destope de la base máxima de cotización.

los datos

Pensiones sostenibles. El Instituto de Pensiones del BBVA pide pilares robustos de previsión social y complementaria para tener pensiones "sostenibles, suficientes y equitativas". Considera que la covid-19 ha puesto "en jaque" al sistema de pensiones y que, si antes de la pandemia ya se necesitaba un gran reforma, ahora todavía más, pues hay que actuar "ya" para estabilizar el sistema.

Posibles votos en contra. Fuentes de varios partidos han señalado que existe un alto grado de consenso para que no haya votos en contra, aunque se prevé que ERC y EH Bildu puedan abstenerse. Avanzan también que VOX tendría "muy complicado votar en contra tras el desastre de la moción de censura al Gobierno" y que podría barajar una abstención.