Preacuerdo en Kybse de Ororbia para asegurar hasta 2030 el futuro de la planta

La empresa ubicada en Ororbia ha alcanzado este preacuerdo con los diez representantes de LAB, los cinco de UGT, los dos de CCOO y el de Solidari. La mayoría de la parte social (18 de 21 delegados) presentó ayer el documento, compuesto por nueve páginas, a la plantilla en tres asambleas que se celebraron en los diferentes turnos. En cambio, los dos miembros de ELA y el de CCP no respaldaron las condiciones negociadas. El lunes 22 de marzo el comité someterá a votación dicho texto, que contempla la renovación del convenio, con una vigencia del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2025.

El preacuerdo establece una reducción de sueldos a partir de 2024 si la fábrica alcanza la producción de 10,5 millones de amortiguadores cada año con la asignación de nuevos proyectos, de los que un 25% corresponderían a recambios -un porcentaje importante ya que esta modalidad genera más empleo porque exige una metodología manual-, informaron fuentes consultadas por este periódico. Si la factoría llega a estas cifras, incluso, podría superar los 700 empleos.

La dirección y la mayoría sindical han establecido una disminución por tramos, desde un mínimo del 4,75% hasta un máximo del 7,25%. Los porcentajes van aumentado de menor a mayor según los 13 niveles establecidos en las tablas. Los trabajadores que menos cobran son los únicos que se salvan de este recorte. Por su parte, quienes se encuentran fuera del convenio -personal directivo- sufrirán sus respectivas bajadas: de un 8,5% de su salario bruto anual si asciende hasta 50.000 €; de un 10% para los que perciben hasta 65.000 €; y de un 12% para los superiores a 65.000 €. El texto establece que esta rebaja no afectará a las cotizaciones; ni al cálculo de indemnizaciones posteriores. Además, en el caso de que la empresa planteara una nueva reducción, comenzaría a negociarse con las tablas salariales anteriores a la aplicación de dicho recorte en 2024. La empresa también se compromete a poner en marcha un plan de reducción de costes en otras áreas.

Hasta que no lleguen los proyectos en 2024 y para asegurar "la rentabilidad, el volumen de ventas y el empleo en Kybse", también han pactado que la dirección va a instalar en el verano de 2023 la línea de recambios que actualmente está en funcionamiento en la planta de KAMS en Los Arcos. La multinacional nipona había barajado otros posibles destinos en un principio, como Chequia. Esta línea aportaría 400.000 unidades anuales a la planta, un revulsivo para ese ejercicio a la espera de los nuevos proyectos. La mayoría del comité ha aceptado asumir este trabajo, ya que KYB ha indicado a KAMS que esta modificación de la actividad no va a suponer la destrucción de empleo fijo en Los Arcos, resalta el documento.

La parte social quiere garantizar la llegada de esta línea en 2023 y para ello se ha preacordado que si en enero de ese año Kybse no presenta el plan detallado de transferencia, y si en septiembre de ese ejercicio no está ejecutado con la producción en marcha, la dirección tendrá que abonar la cantidad equivalente a un incremento salarial de un 2,7% más la diferencia entre el IPC de 2021 y el 1,7% (si aquel fuera inferior).

El documento establece que si se tiene que abordar un ajuste de plantilla, siempre se realizará con la jubilación en sus diversas modalidades (parcial entre 2021 y 2022, y anticipada también desde ahora y a partir de los 59 y 60 años). Si esta opción no cubre las necesidades, se pondrán en marcha medidas temporales y el uso de los mecanismos de la bolsa de empleo. De esta forma, la mayoría del comité pretende evitar salidas traumáticas con despidos no pactados.

Además, también han tenido en cuenta si la compañía tiene que aplicar algún ERTE en este periodo. El texto señala que durante las primeras cinco jornadas, la regulación no perjudicará a pagas, bolsas, y devengos de vacaciones, y que la dirección abonará un complemento equivalente al 100% del salario bruto diario de un nivel tres de forma lineal a toda la plantilla. Así, para ERTE de más de cinco días, la empresa y el comité negociarán su aplicación.