Caja Navarra ya no cumple los requisitos que la convirtieron en su día en una Fundación Bancaria. Esta realidad ya la conoce el Parlamento de Navarra, que en estos momentos tiene en marcha una ponencia para debatir el andamio jurídico del que podría dotar a la entidad que gestiona un patrimonio de algo más de 130 millones de euros.
La Ley establece que, para ser considerada como fundación bancaria, una entidad debe poseer al menos el 10% de una entidad financiera o, en su defecto, tener capacidad para designar un miembro del consejo de administración en la entidad participada, en este caso CaixaBank. Esta última potestad era la que le permitía a Fundación Caja Navarra seguir siendo una fundación bancaria, pero dejó de cumplirla desde el 30 de marzo, una vez completada la absorción de Bankia por parte de CaixaBank, designado el nuevo consejo de administración, que incorpora a miembros del antiguo banco controlado por el Estado y presentado el equipo ejecutivo de CaixaBank,
La desaparición de estos requisitos era cosa ya esperada en los últimos meses. Y, a partir de ahora, la entidad dispone de seis meses para transformarse en una fundación ordinaria. Además, Fundación Caja Navarra pasa de regirse por una ley de carácter estatal a quedar bajo la esfera del Gobierno de Navarra.
Símbolo de una caída
Esta transformación tiene también algo de simbólico. Supone el final de un proceso que fue vendido como un éxito pero que, en realidad, supone la constatación jurídica de la pérdida de cualquier relevancia financiera para lo que un día fue una caja de ahorros solvente y útil para Navarra.
Porque, en realidad, Fundación Caja Navarra apenas conserva un paquete de acciones de CaixaBank (53,6 millones de títulos) que se han diluido con la entrada de Bankia y que ya no le dan derecho a nombrar a un consejero en la nueva entidad. Suponen apenas el 0,6% de la entidad, por lo que, a diferencia de lo que sucede con Kutxa, Ibercaja o Cajastur, que mantienen su condición de fundación bancaria, se entiende que Fundación Caja Navarra no tiene ya ninguna capacidad de control sobre la entidad en la que participa.
El debate del Parlamento
El objetivo del Parlamento de Navarra es hallar ahora un encaje que conjugue el control público sobre la fundación con una garantía de funcionamiento ágil en una entidad que atiende a miles de personas a través de distintos centros y cuya gestión mereció el reconocimiento del Parlamento.
De hecho, el actual equipo directivo planteó la transformación de la entidad en una fundación de carácter ordinario, un planteamiento que no fue aceptado inicialmente por ningún grupo parlamento, al entender que, por sus orígenes y por su volumen, la entidad debe mantener una significativa tutela pública. Los grupos entienden asimismo que la Ley Foral de 2014 carece de utilidad para la actual situación. La convertiría en una entidad "adscrita" a la cámara, algo con un dudoso encaje jurídico y, desde luego, poco operativo.
El Parlamento de Navarra quiere, en cualquier caso, mantener un control sobre los nuevos estatutos que se redacten y garantizarse así la capacidad de nombramiento de los miembros del patronato. Entre los grupos políticos la discrepancia de fondo es quién designa a la mayor parte de los patronos: si el Parlamento o el Gobierno de Navarra.
