- Quienes hayan dejado para septiembre sus vacaciones en el Mediterráneo van a poder ahorrar un dinero extra. El 1 de septiembre a las 0.00 horas se levantan los históricos peajes de la AP-2, que comunica Zaragoza con Barcelona, una decisión que permitirá ahorrar unos 33 euros por trayecto, en torno a 66 euros en un viaje vacacional de ida y vuelta. Llevaban vigentes 44 años.

Según los cálculos automátizado que realiza VíaMichelin, la ruta entre Pamplona y Zaragoza por la AP-68 tiene un coste estimado para un turismo, entre peajes y combustible, de 34,70 euros (19,05 euros + 15,65), a los que había que añadir 60 más por la AP-2 entre Zaragoza y Barcelona (33,20 en peajes y 26,46 en combustible). Como quiera que se mantienen los peajes entre Pamplona y Zaragoza, el ahorro total respecto a los costes actuales ronda el 20%, si bien esta cifra varía en función de los costes de la gasolina, que han crecido también de modo significativo durante los últimos meses.

Estos peajes llegan ahora a su fin. El primer día de septiembre Abertis va a liberalizar, después de más 40 años, una que cuesta alrededor de 15 céntimos el kilómetro, si bien se encargará del mantenimiento todavía durante los dos próximos meses. Los nuevos contratos de explotación y conservación están pendientes de ser adjudicados, si bien Acciona parte con ventaja, al menos en los tramos de la autopista aragonesa.

La puesta a disposición gratuita de esta autopista da una alternativa a la carretera N-II (paralela a esta vía de gran capacidad y más peligrosa de recorrer). Algunos municipios aragoneses han lamentado que su liberación afecta a la recaudación de las arcas de estos municipios, siete zaragozanos y cuatro oscenses. Para quien viaje de Navarra a Catalunya también está la opción gratuita de viajar por la Autovía del Pirineo, vía Yesa, Huesca y Monzón hasta Lleida, con tiempo de recorrido similar al del viaje por la A-68 y AP-2.

Esta ruta, sin embargo, se encuentra todavía parcialmente en obras, por lo que en muchos tramos sigue siendo una vía de doble sentido. Mientras que Navarra ejecutó la obra bajo la fórmula de peaje en sombra, un modo de agilizar la construcción y de disparar a la larga el coste final para las arcas públicas, el tramo aragonés y catalán se está ejecutando con mucha más lentitud con cargo a los presupuestos.

La AP-2 no es la única autopista que a partir del 1 de septiembre va a ser gratuita. Se espera la liberalización de dos nuevos tramos de la AP-7 o Autopista del Mediterráneo, que recorre toda la costa desde Andalucía hasta la frontera con Francia. Las franjas entre Tarragona y La Junquera, en Girona, y entre Motmeló y el Papiol van a ser gratuitas a partir del mes que viene y de gestión del Ministerio de Transportes. Por otro lado, la C-32 (de Barcelona a Lloret de Mar) y la C-33 (de Barcelona a Montmeló) pasarán a ser competencia de la Generalitat de Catalunya y, por tanto, también de uso gratuito.

Las vías que ahora se liberan de los peajes se sumarán a la AP-1, Autopista del Norte, que une las localidades de Armiñón (Álava) y Burgos, y que pasó a ser gratuita desde el 1 de diciembre de 2018; a la AP-4, que une Sevilla y Cádiz; y a la ya citada AP-7 en el tramo que discurre entre Alicante y Tarragona, estos dos últimos libres de pago desde el 1 de enero de 2020.

No sucede lo mismo con la AP-15, que mantiene vivos sus peajes, si bien con diferentes política de descuentos. En el último año, de hecho, el Gobierno de Navarra ha decidido compensar a Audenasa por la pérdida de viajeros. Audenasa está participada al 50% por el Gobierno de Navarra y al 50% por Itinere, una concesionaria privada que tiene o ha tenido entre sus accionistas a Globalvía (FCC), a fondos de inversiones especializados en infraestructuras y entidades financieras como Kutxabank. La concesión expira en 2029.

45.000 mínimo. La eliminación de los peajes supone asimismo el despido de los trabajadores que trabajan en los diferentes peajes de la ruta. En las últimas semanas Acesa, Invicat y Autopistas España -compañías del grupo Abertis- y los sindicatos CCOO, UGT, USO, CGT y PITA han venido negociando y finalmente han firmado el acuerdo final del expediente de regulación de empleo (ERE) llevado a cabo por el fin de las concesiones, tras la aprobación por parte de la mayoría de los trabajadores afectados. El acuerdo contempla la indemnización legal máxima por despido improcedente y parte de un mínimo de 45.000 euros, con una compensación lineal de 7.500 euros para los empleados con más de 12 años de antigüedad. Asimismo se ha articulado un plan de recolocación externa. Además, contarán con seguro médico por un año, derecho preferente de contratación por parte de la empresa hasta 2024 y un convenio especial de cotización para mayores de 55 años.

Pagar por circular, un debate que no ha terminado. La instalación de sistemas de peaje sigue siendo una posibilidad no solo para las autopistas, sino prácticamente para cualquier vía de gran capacidad o carretera nacional. De hecho, el Plan de Recuperación remitido por el Ejecutivo a Bruselas para justificar la llegada de los 70.000 millones de euros del fondo Next Generation prevé la articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras que podría implantarse a partir del año 2024. El Gobierno, ante el revuelo organizado, señaló que no había ninguna decisión firme tomada sobre el asunto.