El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reúne este lunes a partir de las 11.00 horas con sindicatos y empresarios para intentar cerrar con acuerdo el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) de las pensiones tras su última propuesta de elevar las cotizaciones sociales un 0,6% durante diez años para afrontar las futuras tensiones de gasto del sistema.

Precisamente, hoy lunes, 15 de noviembre, termina el plazo que se habían dado las partes para lograr un acuerdo sobre el MEI, que sustituirá al llamado factor de sostenibilidad de la reforma de 2013.

Este 0,6% de incremento de cotizaciones es una décima superior a la propuesta inicial del Ministerio (0,5%), que ya generó malestar en la CEOE por implicar un nuevo incremento de los costes de las empresas tras la anunciada subida del tipo mínimo del Impuesto sobre Sociedades recogida en el proyecto presupuestario de 2022 y el alza del salario mínimo interprofesional (SMI), entre otras medidas adoptadas por el Gobierno que suponen un mayor gasto empresarial.

De ese alza del 0,6% planteada por el Ejecutivo, un 0,4% correspondería a la empresa y el monto restante, un 0,2%, al trabajador. La subida de las cotizaciones para el MEI empezaría a regir a partir de 2023 con el objetivo de engordar el Fondo de Reserva de las pensiones, que actualmente cuenta con poco más de 2.100 millones de euros, y poder así hacer frente a los gastos futuros.

Los sindicatos, por su parte, no ven con malos ojos que se incrementen las cotizaciones sociales para poder hacer frente al gasto que implicarán las futuras jubilaciones de los baby boomers, los nacidos entre 1958 y 1977. En este periodo nacieron casi 14 millones de personas, 2,5 más que en los veinte años anteriores y 4,5 millones más que en los veinte años siguientes.

El MEI forma parte de la primera pata de la reforma de pensiones que se está tramitando en el Congreso, aunque su concreción no se incluyó en el proyecto de ley a la espera de acordarla con los agentes sociales antes de mañana, 15 de noviembre. La idea es introducir lo que se pacte vía enmienda.

Este mecanismo, que operará a partir de 2027 y sustituirá al factor de sostenibilidad de la reforma de 2013, tiene por objetivo preservar el equilibrio del sistema a largo plazo y la equidad entre las distintas generaciones de pensionistas.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido que su propuesta sobre el mecanismo de equidad intergeneracional “no recorta ninguna pensión en ningún caso y en ningún momento”, a diferencia del factor de sostenibilidad de la reforma de 2013, que penalizaba a los pensionistas con recortes, especialmente a los más jóvenes. “Este mecanismo simplemente genera una válvula de seguridad y da holgura al sistema para reforzar su sostenibilidad”, subrayó Escrivá hace unos días.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, mostró también su rechazo al incremento de las cotizaciones para mantener las pensiones.

Amor considera que “no es el momento”. “Los autónomos y las empresas cada vez están más asfixiadas”, apuntó para lamentar que a esta subida de las cotizaciones, se une el aumento de la base mínima de autónomos, la reducción de la deducción fiscal a los planes de pensiones que tienen el 40% de los autónomos y el incremento del gasto en energía.

Dos reuniones por semana. El Gobierno quiere acelerar los trabajos de la mesa de diálogo social de reforma laboral para conseguir su objetivo de tenerla lista antes de que acabe el año, fecha comprometida con Bruselas en el Plan de Recuperación. Por ello, a partir de esta semana, Gobierno, sindicatos y empresarios celebrarán dos reuniones semanales, en lugar de una, según avanzó el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Hasta ahora, las tres partes se reunían sólo los miércoles. Desde esta semana lo harán también los viernes, previsiblemente. En virtud del formato que ya se estrenó hace dos semanas, en la mesa estarán, por parte del Gobierno, los Ministerios de Trabajo, Asuntos Económicos, Hacienda, Seguridad Social y Educación.