Todos los años sucede algo parecido, pero en 2021 el fenómeno resultó todavía más intenso. En diciembre, las empresas navarras dieron por finiquitados miles de contratos temporales que irán recuperando en los próximos meses. Solo en la industria, se destruyeron más de 2.800 puestos de trabajo en los últimos días del año, la cifra más elevada de toda la serie histórica.

Este modo de actuar, que hunde sus raíces en una cultura de la temporalidad ya histórica -y que ninguna de las sucesivas reformas laborales ha conseguido atajar- es una rareza dentro de los mercados laborales de Europa al que no es ajena Navarra, con una tasa de temporalidad que supera de manera tozuda el 25%. Reducir este indicador es uno de los objetivos de la reforma laboral pactada por CCOO, UGT y la patronal y que afronta estas semanas un difícil trámite parlamentario: el Gobierno no tiene asegurada la mayoría ante el rechazo de los grupos políticos que le han venido apoyando de manera habitual.

Los datos de la industria navarra reflejan el fenómeno con nitidez. Por término medio, entre noviembre y diciembre se destruyen entre 1.200 y 1.500 puestos de trabajo. Este año, la cifra se ha duplicado por diferentes factores, como el elevado número de bajas covid, que ha obligado a algunas grandes empresas a contratar eventuales, o a la propia incertidumbre por los problemas de abastecimiento en algunas cadenas. Junto a ello, la conclusión de las últimas campañas agrarias de otoño impacta en la industria agroalimentaria, que cuenta con una base de trabajadores fijos discontinuos que entran y salen de la actividad de forma regular todos los años. En total en Navarra había unos 5.500 fijos discontinuos, un 22% más que antes de la pandemia.

Pero, más allá de una temporalidad derivada del propio tejido productivo (aquella que se vincula, por ejemplo, al turismo, que se refleja en las cifras anuales de la hostelería o a las campañas agrarias), existe otra esctructural o cultural, que supone "claramente un abuso de las posibilidades que ofrece las ley", explica José Luis Álvarez, profesor de la facultad de Económicas de la Universidad de Navarra, quien señala que las empresas han recurrido a esta fórmula como "un instrumento de flexibilidad". El proble, explica, es que essta fórmula es "mala para los trabajadores, pero también mala para las empresas". "Genera una rotación continua de trabajadores, después de que se ha invertido tiempo en formarlos y se produce una pérdida de competitividad y talento", señala.

Álvarez apunta alguna explicación acerca de un fenómeno con décadas de historia -la temporalidad es muy alta desde los años 80- y que ninguna reforma laboral ha atacado hasta el momento. "En el mercado de trabajo español la combinación institucional no es buena" y la flexiseguridad que explica la legislación de otros países de Europa aquí "casi no existe". "Nuestro sistema da seguridad al puesto más que la persona, de tal manera que si tienes un trabajo indefinido cuentas con mayor capacidad de condicionar por ejemplo la negociación colectiva que si eres eventuales o, desde luego, si estás en desempleado, que ni puedes votar en las elecciones sindicales".

La reforma laboral, de salir adelante, aportará según Álvarez una mayor racionalidad en el uso de la contratación temporal, "Pone algunos límites, al aclarar cuestiones que hasta ahora quedaban poco claras", admite, si bien apenas introduce retoques respecto al texto de 2012. "Pero quizá habría que haber pensado de manera más ambiciosa", concluye el profesor.

APUNTE

La formación, pendiente

Una red de seguridad en la que hay que invertir. Entre las múltiples carencias del mercado de trabajo español, la formación y, sobre todo, el seguimiento de aquellas personas con mayores dificultades para acceder a un empleo son dos de las más destacadas. El profesor Álvarez apunta a ellas a la hora de abordar las diferencias entre España y buena parte de los países de Europa, donde las tasas de desempleo son inferiores y el contrato indefinido mucho más habitual. "Para que la gente sea más empleable hay que gastar dinero", explica José Luis Álvarez, quien explica que un buen sistema de formación ocupacional supone un "verdadero colchón de seguridad" para aquellas personas que pierden su empleo. No disponer de él, por el contrario, obliga a elevar el gasto en políticas pasivas (gasto en desempleo, uno de los más altos de continente) e impide flexibilizar el mercado de trabajo, potenciando la dualidad entre fijos y temporales que sigue definiendo las relaciones laborales en España.