La Fiscalía pide la disolución de Cepsa por un presunto fraude de 7,7 millones

La Fiscalía solicita en un procedimiento penal en Las Palmas de Gran Canaria la disolución de Cepsa (hoy Moeve), a la que acusa de haber defraudado 7,77 millones de euros en impuestos sobre derivados del petróleo entre 2016 y 2021, una actuación que la empresa niega y ha recurrido.

El Ministerio Público insta la apertura de juicio oral contra la responsable del área de Impuestos Indirectos de Cepsa y tres funcionarios de la Agencia Tributaria Canaria, por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública.

Para la directiva de la compañía, la Fiscalía pide 28 años de prisión (cinco penas de cinco años y una de tres) y multas por 25,2 millones de euros. Para la empresa, reclama multas por 13,25 millones, la pérdida de subvenciones y beneficios fiscales durante 29 años y la disolución de la persona jurídica.

Uso de tipo fiscal reducido a través de Petrocan

El fiscal sostiene que Cepsa utilizó su filial Petrocan, radicada en el puerto de Las Palmas, para liquidar las ventas mayoristas de gasóleo en Canarias aplicando el tipo impositivo del fuelóleo, mucho más bajo.

Según la acusación, se trató de una operativa “deliberada y sistemática” con “claro ánimo de defraudar”, al aplicar el tipo correspondiente al fuelóleo (carburante para hornos y calderas) en lugar del gasóleo destinado a vehículos.

La diferencia fiscal es sustancial: las ventas de fuelóleo tributan en Canarias con 0,56 euros por tonelada, mientras que el gasóleo paga 222 euros por cada mil litros.

Desde la empresa, fuentes de Moeve aseguran a EFE: “Rechazamos la acusación y esperamos que la actuación de la Justicia confirme la correcta aplicación de la fiscalidad”, y explican que el producto comercializado, Diesel Oil, es de uso industrial y no vinculado a estaciones de servicio.

Funcionarios acusados de inacción pese a las denuncias

En el mismo procedimiento están procesados tres cargos intermedios de la Agencia Tributaria Canaria, a quienes la Fiscalía acusa de no actuar pese a conocer las supuestas irregularidades.

El escrito señala que una empresa de Fuerteventura denunció dos veces las prácticas de Cepsa, en julio de 2019 y en octubre de 2020, pero que los funcionarios no iniciaron ninguna investigación, pese a ser su “obligación legal”. Solo reaccionaron, según el fiscal, cuando supieron que la Fiscalía había abierto diligencias, permitiendo que pasaran más de 28 meses sin actuaciones sustanciales de inspección o fiscalización, lo que habría facilitado la continuación del presunto fraude.