Estambul. Un tribunal de Estambul ha impuesto cadena perpetua a siete generales retirados, entre ellos Ilker Basbug, jefe del Estado Mayor entre 2008 y 2010, al emitir la primera tanda de sentencias en el marcojuicio de Ergenkon, contra una supuesta trama militar golpista laica cuyo objetivo sería derrocar al gobierno islamista moderado que lidera Tayip Erdogan. Los jueces pronunciaron ayer 19 cadenas perpetuas, impusieron sentencias de entre 2 y 49 años de cárcel a otros 62 acusados y absolvieron a 21 personas.
El tribunal consideró probado que Basbug y otros altos cargos militares, entre ellos los generales Hursit Tolon y Hasan Igsiz, comandantes en jefe del Primer Ejército de las Fuerzas Armadas turcas, conspiraron a inicios de la década pasada para derrocar el gobierno del Partido Justicia y Desarrollo. Basbug rechazó todos los cargos en un juicio que muchos simpatizantes de los acusados han calificado de farsa y persecución política. "La nación dirá la última palabra sobre estos acusados, y la nación ni puede equivocarse ni engañarse", manifestó el exgeneral en su cuenta oficial de la red Twitter tras conocer la sentencia. "Los que siempre han estado del lado de los derechos y la justicia tienen la conciencia tranquila; yo estoy así", añadió, al tiempo que aseguró que el Estado de Derecho no se puede garantizar en un país en el que sociedad cuestiona la independencia de los jueces.
los civiles De las 19 cadenas perpetuas impuestas, siete corresponden a generales retirados, cuatro a excoroneles y el resto a políticos, periodistas y abogados. Entre estos últimos destaca Alparslan Arslan, un ultranacionalista que en 2006 asesinó en Ankara a un juez e hirió a otros cuatro. También recibió la perpetua Dogu Perinçek, presidente del minoritario Partido de Trabajadores, una formación de tintes ultranacionalistas, mientras que una decena de miembros de este partido fueron condenados a penas de cárcel.
expectativas Las sentencias ponen fin a cinco años de investigación en un macrojuicio que arrancó en octubre de 2008, y en el que la fiscalía ha pedido 64 cadenas perpetuas, por considerar que los acusados planeaban asesinatos y atentados masivos. Las primeras detenciones de generales habían despertado en Turquía la esperanza de que la institución castrense perdería su inmunidad y que los jueces investigarían a fondo las supuestas relaciones entre la cúpula militar, los servicios secretos, y organizaciones criminales. Pero cinco años después, tanto la oposición laica como algunos grupos proderechos consideran que el juicio está politizado y que se utiliza para purgar de las Fuerzas Armadas a quienes discrepan del rumbo del Gobierno islamista.
