A las 1.20 de la madrugada del 28 de junio de 1969, la división antivicio de la policía de New York llevó a cabo una redada en Stonewall Inn y el asalto dio lugar a un violento enfrentamiento. El local fue clausurado y durante 20 años la “bastilla de Manhattan” fue olvidada. No era la primera vez que algo así ocurría -la protesta de Cooper Donuts en Los Angeles en 1959 es prueba de ello- pero esta vez el movimiento LGBTQI+ cobró fuerza.
Una de las primeras ordenanzas sobre derechos LGTBQI+ en Estados Unidos fue la de East Lansing (Michigan) de 1972 que protegía a los empleados homosexuales contra la discriminación. Ese mismo año la ciudad de San Francisco aprobó una ordenanza prohibiendo la discriminación por motivos de orientación sexual. Pero Estados Unidos siguió siendo un país en el que se prohibía la entrada de homosexuales hasta 1990. No sería hasta 1999 en que el estado de California aprobó las primeras leyes sobre uniones civiles y asociaciones registradas homosexuales, y se reconoció el derecho de adopción en 2001. Tras tres décadas de lucha, Stonewall Inn fue declarado monumento histórico en 2000, pero habría que esperar hasta el 26 de junio de 2003 para que la corte suprema invalidase la ley de sodomía y legalizase la actividad sexual entre personas del mismo sexo en todos los estados y territorios de la Unión en el caso Lawrence vs. Texas.
En febrero de 2004 el alcalde de San Francisco, Gavin Newsom, declaró que la cláusula de igual protección de la constitución de California le daba autoridad para otorgar emitir licencias de matrimonio a parejas homosexuales. Dorothy L. T. Del Martin y Phyllis Ann Lyon, activistas de los derechos LGTBQI+ que habían vivido juntas durante 54 años fueron las primeras en casarse en el ayuntamiento de la ciudad el jueves 12 de febrero, iniciando un proceso de seis meses denominado “bodas express”. La prensa anunció que los tribunales revocarían de inmediato los matrimonios, y esto provocó una marea humana proveniente de todas las partes del país. La fila de parejas esperando su licencia de matrimonio daba varias vueltas al ayuntamiento. Yo estaba allí. El ayuntamiento estaba simplemente desbordado, de forma que hicimos de testigos para algunas de las uniones.
Un día más tarde, viernes 13 de febrero, el Fondo de Educación y Defensa Legal de la Proposición 22 y la Campaña en pro de las Familias de California presentaron sendas alegaciones ante el tribunal superior de San Francisco solicitando que se prohibiera a la ciudad otorgar licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. El miércoles 18 de febrero de 2004, el presidente George Bush declaró que protegería la institución del matrimonio. Dos días más tarde el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, ordenó al fiscal general del estado, Bill Lockyer, que procediera judicialmente contra las medidas adoptadas por Newson y declaró ante la convención del Partido Republicano que confiaba en que los tribunales hicieran cumplir la ley. En solo diez días más de 3.000 parejas homosexuales habían solicitado y obtenido sus licencias de matrimonio, pero el 12 de agosto de 2004 la corte suprema del estado dictaminó por unanimidad que la ciudad de San Francisco había excedido su autoridad y violado la ley estatal al emitir las licencias. El tribunal declaró nulos los 8.072 matrimonios celebrados en la ciudad entre febrero y agosto de 2004.
En virtud de la Ley de defensa del matrimonio de 1996 que definía el ‘matrimonio’ como “la unión legal entre un hombre y una mujer”, y la palabra ‘cónyuge’ como “una persona del sexo opuesto”, la política de prohibiciones en esta materia impulsada desde la Casa Blanca caló en los estados rojos. En 2004, tercer año del mandato de Bush, trece estados prohibieron el matrimonio y las uniones civiles entre personas del mismo sexo: Cuarenta estados de la Unión tenían leyes contrarias al matrimonio o uniones homosexuales en 2004.
Corte de California
No obstante, en mayo de 2008, la Corte Suprema de California otorgó a las parejas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio y Del Martin y Lyon se volvieron a casar, convirtiéndose una vez más en la primera pareja del mismo sexo en desposarse legalmente. Sin embargo, la Ley de protección del matrimonio de California, conocida como Propuesta 8, que entró en vigor el 4 de noviembre de 2008, prohibió de nuevo el matrimonio entre personas del mismo sexo y lo mismo ocurrió en Arizona y Florida. A pesar de ello, los matrimonios que se produjeron entre la decisión de la corte suprema de California y la aprobación de la Propuesta 8 se consideraron válidos.
La entrada de Barack Obama en la Casa Blanca en 2009 cambió el rumbo de las cosas. En mayo de 2012 se convirtió en el primer presidente en anunciar públicamente su apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo y el tribunal supremo dictaminó en el caso Estados Unidos vs. Windsor que la sección 3 de la Ley de defensa del matrimonio era inconstitucional por violar la quinta enmienda y otorgó reconocimiento federal al matrimonio entre personas del mismo sexo el 26 de junio de 2013. Entre 2012 y 2014, las leyes de matrimonio entre personas del mismo sexo se aprobaron y entraron en vigor en un buen número de estados de la Unión y en varias reservas. En 2015 el tribunal supremo dictaminó en el caso Obergefell v. Hodges que casarse en los mismos términos y condiciones que las parejas del sexo opuesto era un derecho fundamental de las parejas del mismo sexo en virtud de la decimocuarta enmienda. Esta sentencia también se dictó un 26 de junio.
En consecuencia, desde 2015 el matrimonio entre parejas del mismo sexo es legal en los cincuenta estados. Si en el marco europeo el avance en materia de derechos LGTBQI+ se ha producido en el legislativo, en los Estados Unidos el avance se ha decidido fundamentalmente en las cortes de justicia. El 26 de junio de 2017, en el caso Marisa N. Pavan, et al. vs. Nathaniel Smith, el tribunal supremo revocó un fallo de la corte suprema de Arkansas y reafirmo el derecho de adopción por parte de las parejas del mismo sexo en los cincuenta estados.
Entreabiertas las puertas
Las decisiones judiciales han entreabierto las puertas del armario social. Según una encuesta de Gallup de 2022, la identificación LGBTQI+ aumentó del 5,6% de la población adulta en 2020 al 7,1% en 2021, el doble que en 2012. Si bien solo el 4,2% de los adultos de la Generación X (nacidos entre 1965 y 1980) se identifica como LGBTQI+, esta proporción crece hasta el 10,5% entre los milennials (nacidos entre 1981 y 1996) y llega al 20,8% en la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2003). Tan solo el 1,7% de los adultos de la Generación X se identificaba como bisexual, proporción que crece hasta el 6% entre los milennials y llega a un 15% en la Generación Z. De hecho, el 56,8% de las personas que se identifican como LGTBQI+ indican que son bisexuales, el 20,7% se identifican como gais, el 13,9% como lesbianas, el 10% como transgénero y el 4% como queer.
Leyes más justas nos han permitido comenzar a reconocer una realidad social hasta ahora reprimida, pero aún hay mucho por hacer. La opresión dentro de la opresión era y debe seguir siendo motivo de preocupación ya que no se posible conocer lo que somos y llegar a ser lo que somos y lo que podemos soñar con ser en un entorno represivo.
