El Gobierno de Donald Trump ha prohibido a la Universidad de Harvard matricular en adelante a estudiantes extranjeros, en una grave escalada en el conflicto que los enfrenta desde hace varios meses.
La decisión ha sido comunicada en una carta remitida a Harvard y firmada por la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, que reza: "Les escribo para notificarles que, con efecto inmediato, el programa de la Universidad de Harvard de Estudiantes y Visitantes Extranjeros ha sido revocado".
"Esto significa que Harvard ya no puede matricular a estudiantes extranjeros y que los estudiantes extranjeros actuales deben transferirse o perderán su estatus legal", anota un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).
En ese sentido, el DHS indica que la elitista universidad "ha creado un ambiente inseguro en el campus al permitir que agitadores antiestadounidenses y proterroristas acosen y agredan físicamente a personas, incluyendo a muchos estudiantes judíos".
"Es un privilegio, no un derecho, que las universidades matriculen a estudiantes extranjeros y se beneficien de sus mayores pagos de matrícula para aumentar sus multimillonarias dotaciones. Harvard tuvo muchas oportunidades de hacer lo correcto. Se negó", anota Noem.
Esta decisión se produce en un momento de grave escalada entre Harvard y el Gobierno en Washington por las acusaciones de este último de tolerar el antisemitismo en el campus, no dar cabida a discursos "alternativos" y empeñarse en aplicar programas de inclusividad sexual y racial, entre otras cosas.
La matrícula en Harvard es de 59.320 dólares para el año escolar que comienza a finales de este año, y los costos pueden ascender a casi 87.000 dólares si se incluye alojamiento y comida, según el diario The New York Times. Además, los estudiantes internacionales tienden a pagar una mayor proporción de los costos educativos en comparación con otros alumnos, de acuerdo con el medio.
La Administración republicana notificó a Harvard sobre la decisión tras un tira y afloja en los últimos días sobre la legalidad de una extensa solicitud de registros como parte de la investigación del DHS, según indicaron fuentes a The New York Times.
