El que presta un servicio asume una responsabilidad. Y, a veces, eso puede dirimirse ante un juez. Lo sabe bien el Servicio de Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra, que estima en unos 78 millones de euros el montante total de las reclamaciones que suman a día de hoy las causas judiciales abiertas por ciudadanos y empresas contra la Administración foral.
Hay de todo: denuncias por negligencias médicas, conflictos laborales, exigencia de indemnizaciones y pleitos por impuestos. Una veintena de causas, cada una con un desarrollo diferente y un desenlace incierto –los tribunales llevan sus tiempos–, pero que obliga al Gobierno a guardar algo de dinero por si tiene que afrontar el pago de indemnizaciones.
Para 2026, los Presupuestos reservan 11,4 millones solo para pagar posibles sentencias judiciales en contra. La partida está adaptada a la realidad que últimamente vive el Gobierno foral, que no es otra que la de tener que pagar cada vez más por la ejecución de sentencias en contra.
En 2024, la Administración foral pagó casi 9,9 millones de euros, el tripe de lo que tuvo que desembolsar cada año de los últimos cuatro. Y en este 2025, cinco procedimientos en contra por el cobro del tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos –tumbado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2024– eleva ya la cuenta, solo por este concepto, a mínimo 10.556.097 € en indemnizaciones.
Responsabilidades
El Gobierno de Navarra hace un ejercicio de “estimación” en la memoria para los próximos Presupuestos. Allí dice que el dinero para las emergencias siempre es aproximado, porque “la cifra que tendría que hacer frente la Administración es indeterminada y tampoco se puede prever la fecha en que los diferentes tribunales dictarán sentencia”. De ahí que lo que consigne sea un “importe mínimo”.
La que es segura es la lista de reclamaciones contra el Gobierno. Son unos veinte pleitos por valor total de 78.263.675 €. Luego será un juez quien decida si estima todo, parte o nada de lo que piden ciudadanos y empresas.
Hay cuatro denuncias contra el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por algo menos de 5 millones de euros. Seis pleitos por responsabilidad patrimonial acaparan el grueso de la cifra.
En este epígrafe hay que contar las reclamaciones patrimoniales planteadas por grandes proyectos como la granja de Valle de Odieta o el Palacio de Arozteguía, que reclaman al Gobierno una compensación de casi 20 millones de euros cada uno. Y después hay muchos procedimientos tributarios, más abundantes pero de menor cuantía. Todos ellos van por la jurisdicción contencioso-administrativa menos una causa de casi medio millón que va por lo social. Habrá que ver qué evolución tienen los expedientes. Suelen ir despacio.
De momento, el Gobierno reserva 11,4 millones para la posible ejecución de sentencias en contra ya 2026. La mayoría de ese dinero –8,8 millones– la emplaza el Ejecutivo dentro del departamento de Obras Públicas e Infraestructuras. La cifra de 11,4 no sale de la nada. Responde a un cálculo que hace el Gobierno en función de la media de gasto histórico en los últimos cinco años, desde cuando el Ejecutivo constata que la cantidad a pagar ha crecido “de manera importante”.
Entre 2020 y 2023, la Administración pagaba entre millón y medio y tres millones en sentencias. En 2024, las obligaciones reconocidas por el Gobierno fueron 9,9 millones. Un ejemplo: ese año, la justicia reconoció que a un ciudadano le correspondía una indemnización de 150.000 € por mala praxis en una operación. El paciente fue a que le corrigieran una aneurisma con un implante intracraneal y, debido a una grave complicación en quirófano, a punto estuvo de morir y quedó con secuelas graves.
En 2025, la cifra es todavía provisional. A octubre, el Gobierno reconocía el pago de 6,8 millones. Es en este ejercicio en el que la Administración ha tenido que hacer frente al pago de indemnizaciones por cinco procesos formulados por el cobro del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos, tumbado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2024. Ahora muchos –sobre todo empresas de transporte, pero también particulares– piden el reintegro y el Gobierno tiene reconocidas obligaciones de pago por al menos 10.556.097 €.
El efecto del cambio climático
El Gobierno pagará estas indemnizaciones con un fondo específico que llama de contingencia, y que sirve para responder a emergencias. Sobre todo, por riesgos por sentencias judiciales, indemnizaciones por responsabilidad de la Administración y “riesgo por acontecimientos climáticos que pudieran motivar ayudas para damnificados”. Este último punto es llamativo, porque hay cierta tendencia a pensar que los efectos del cambio climático ocurren en otro lugar. Esta justificación por parte del Ejecutivo constata que el problema está aquí y ya condiciona el presupuesto público: para el año que viene, la reserva de dinero alcanza los 35,8 millones.
