La espada de Damocles pende sobre la pertenencia del Estado español a la OTAN desde que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con su expulsión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

El mandatario estadounidense está “decepcionado” con el gasto en Defensa del Estado español al que acusó de ser “un aprovechado” por ser “el único país de la OTAN que no se ha comprometido a incrementar su gasto en Defensa hasta el 5 % del PIB”. El otro motivo de su enfado es el uso de sus bases situadas en los municipios de Rota y Morón que el Gobierno español se niega a que sean usadas para la guerra en Irán.

La última puntilla es un correo electrónico interno del Pentágono que ha reavivado el tema ya que plantea que EEUU penalice a los aliados que no apoyaron las operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán. Y el Estado español muestra su postura en contra de este ataque en Oriente Medio. Por ello Trump amenaza con la posibilidad de suspender al Estado español de la Alianza.

¿Qué papel tiene el Estado español en la Alianza Atlántica?

En la jerarquía de la OTAN, el Estado español ocupa un séptimo nivel. Es decir, que en el ranking de poder de la Alianza Atlántica, puntúa alto. En la pirámide europea tiene una cuarta plaza, sobrepasada solo por Italia, Francia y Alemania. Y su fuerza militar se sitúa entre las 20 primeras potencias del mundo.

El Estado español se incorporó oficialmente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) el 30 de mayo de 1982, convirtiéndose en el miembro número 16 de la Alianza bajo el gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo. Aunque el ingreso se formalizó entonces, la permanencia fue ratificada posteriormente en un referéndum el 12 de marzo de 1986. y se incorporó a la estructura militar integrada en 1999.

La OTAN es una alianza militar intergubernamental creada en 1949, liderada en la actualidad por Mark Rutte, y que agrupa a países de Europa y Norteamérica. Su función principal es garantizar la seguridad y defensa colectiva de sus miembros a través de medios políticos y militares, basándose en la premisa de que un ataque contra uno es un ataque contra todos

¿Cuál sería el procedimiento formal para su expulsión?

Sin embargo, las cosas no están tan claras. La primera precisión es clave: el Tratado del Atlántico Norte no contempla un procedimiento formal para expulsar a un Estado miembro. Sí prevé la retirada voluntaria, ya que el artículo 13 permite a un país abandonar la Alianza notificándolo a Estados Unidos, y la salida se hace efectiva un año después. Pero no existe una cláusula equivalente para echar a un aliado.

Por tanto, una expulsión del Estado español sería jurídicamente muy difícil. La OTAN decide por consenso, es decir, sin votaciones por mayoría, lo que en la práctica obligaría a un acuerdo político unánime entre los aliados para cualquier medida extrema.

Defensa colectiva e impacto estratégico

Si aún así quedara fuera de la Alianza -bien por una salida pactada, una retirada voluntaria o una fórmula política excepcional- la consecuencia más inmediata sería la pérdida de la cobertura del artículo 5, el principio de defensa colectiva según el cual un ataque contra un aliado se considera un ataque contra todos.

El impacto sería también estratégico. El Estado español dejaría de participar plenamente en los órganos de decisión militar y política de la Alianza, perdería acceso a determinados planes de defensa, inteligencia compartida y estructuras de mando, y tendría que redefinir su papel en la seguridad euroatlántica. Actualmente, el Estado español participa en despliegues de la OTAN en el flanco oriental, con presencia en misiones como Eslovaquia, Rumanía, Letonia y Estonia.

¿Y la relación con Estados Unidos?

La relación con Estados Unidos sería otro punto crítico. Las bases de Rota y Morón forman parte de la cooperación bilateral hispano-estadounidense, no exclusivamente de la OTAN, pero su valor estratégico está estrechamente vinculado a la arquitectura de defensa occidental. La Embajada de EE.UU. subraya que el acuerdo bilateral de defensa sostiene la cooperación militar entre ambos países, incluidas las operaciones en Rota y Morón.

El Estado español no quedaría completamente desprotegido, porque seguiría siendo miembro de la Unión Europea. El artículo 42.7 del Tratado de la UE establece una cláusula de asistencia mutua entre Estados miembros en caso de agresión armada. Sin embargo, esa garantía europea no tiene el mismo desarrollo militar integrado ni la misma capacidad operativa que la OTAN.

Crisis de primer orden en términos políticos

En términos políticos, una salida o expulsión supondría una crisis de primer orden: debilitaría la posición internacional del país, afectaría a su credibilidad como aliado y abriría un debate interno sobre gasto militar, bases, autonomía estratégica europea y relación con Washington. También tendría efectos sobre la propia OTAN, porque el Estado español ocupa una posición geográfica clave para el Mediterráneo, el Atlántico, el norte de África y las rutas hacia Oriente Medio.

Con todo ello, el Estado español no puede ser expulsada fácilmente de la OTAN porque el tratado no prevé ese mecanismo. Lo más probable ante una crisis grave no sería una expulsión formal, sino presión política, reducción de confianza, pérdida de influencia o revisión de acuerdos bilaterales. Una salida efectiva solo sería clara jurídicamente si el Estado español decidiera marcharse por voluntad propia mediante el artículo 13.