tudela - Desde el año 2012, el departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra (con diferentes partidos en su dirección) ha sancionado a la Mancomunidad de Residuos de la Ribera con más de 168.000 euros por incumplimientos y ha emitido numerosas recomendaciones que, en la mayoría de los casos, no se han llegado a reparar, lo que no ha conllevado otro tipo de acciones ni de sanciones.
Hasta siete inspecciones han recibido las instalaciones de El Culebrete y ninguna de las siete las ha salvado de forma satisfactoria con el habitual "se cumplen satisfactoriamente las condiciones fijadas en la autorización ambiental" que si pasan otras empresas y que desde el Ejecutivo se les exige. El Culebrete son las instalaciones donde la empresa Fomento de Construcciones y Contratas deposita y gestiona la basura que recoge en los 19 municipios de la Ribera que la integran desde 1989: Ablitas, Arguedas, Barillas, Buñuel, Cabanillas, Cascante, Castejón, Cintruenigo, Corella, Cortes, Fitero, Fontellas, Fustiñana, Monteagudo, Murchante, Ribaforada, Tudela, Tulebras y Valtierra, que representan algo más de 89.500 habitantes.
la sanción más alta La primera de las inspecciones se realizó el 21 de agosto de 2012 y la última el pasado 22 de julio de 2019. Muchos de los aspectos de los que se reclama corrección no han sido mejorados y siguen incumpliendo la AAI.
En este tiempo la sanción más alta que se ha dictado desde el Ejecutivo foral contra este organismo público fue en julio de 2015 y ascendía a 60.000 euros por "una infracción grave", si bien el propio Gobierno lo redujo a 48.000 euros y una sentencia del Contenciosos Administrativo lo acabó dejando en 20.000 euros que ya abonó la Mancomunidad.
Entre los motivos que llevaron hasta esta sanción se encontraba el tratamiento que se realizaba de los residuos industriales ya que, según se señalaba, "se reciben residuos industriales valorizables y se realiza una incorrecta gestión de los mismos, en contra de lo indicado en el apartado" y, por otra parte, "se desconoce la gestión realizada y no se aportan datos de materiales valorizables retirados. El proceso de control de entrada de residuos industriales es muy deficiente y no se ajusta a lo establecido".
Además se indicaban diversas infracciones graves, máxime cuando es el organismo que se encarga de recoger y separar la basura de casi 90.000 personas y que este año pasarán recibos de 136,8 euros (un 40% más que en 2017). Aquellas recriminaciones de 2015, que requirieron sanción, señalaban entre otras cosas que "la empresa no dispone de un sistema de registro actualizado de las emisiones conforme a lo establecido", "no se aporta documentación de la gestión de residuos de forma semestral", "no se registran correctamente los datos meteorológicos ni se realiza un correcto balance hidrológico con el objetivo de evaluar la generación de lixiviado" o lo que era más grave "se desconoce la gestión realizada a los residuos recibidos en el punto limpio".
Tras ésta la multa más elevada data de 2018 por 40.000 euros, que se encuentra actualmente en tramitación (dirigida en realidad a la empresa gestora, FCC), y otra de 30.000 euros del mismo año, también en tramitación.
sanciones caducadas Sin embargo, la lista podría haber sido mayor. En 2012 y 2013, siendo Javier Esparza consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra de UPN (presidido por Yolanda Barcina) y presidida la Mancomunidad de Residuos por Maribel Echave (UPN), hubo dos sanciones dictadas por los técnicos del departamento que no se llegaron a instruir y que se difuminaron al caducar el tiempo para llevarlas a cabo, tal y como señala el propio departamento de Medio Ambiente que apunta "se cierra por caducidad del procedimiento sancionador". Las infracciones de abril de 2013 suponían 28.000 euros y 10.000 euros las de junio de 2012. Entre otros aspectos se destacaba que "se recibe gran cantidad de residuo orgánico industrial con destino a vertedero que podría ser valorizable".
En la actualidad, la Mancomunidad se encuentra sumida en un cambio de sistema de tratamiento de la materia orgánica y abandonará el sistema de biometanización. Según se señalaba en el año 2017, en el pliego de cláusulas para el concurso de redacción del proyecto de la nueva planta de tratamiento, "la obligatoriedad de construir esta nueva instalación surge ante la necesaria reforma del sistema de compostaje de la planta de biometanización por las exigencias de la Autorización Ambiental Integrada de septiembre de 2015" y porque "con casi 70.000 toneladas de entrada anuales en planta (de seis mancomunidades navarras) la capacidad de la zona de compostaje está totalmente saturada hasta el punto de que varias pilas tienen que ser gestionadas fuera de la misma". En este mismo documento reconocían que parte de los residuos de resto habían tenido que ir "ocasionalmente" al vertedero sin ser tratados por "paradas por averías o mantenimiento de la planta".
Por todo ello concluía el pliego que "dada la saturación del compostaje actual y la escasa idoneidad del método de pilas con volteo con pala" que se emplea en El Culebrete y que genera averías y paros, "nos obliga a reformar y ampliar la planta de compostaje".
Ilegalidad. Desde el año 2008 hasta 2014 la planta de tratamiento de residuos de El Culebrete estuvo tratando más basura de la que la Autorización Ambiental Integrada (AAI) le permitía (50.000 Tm), una ilegalidad que se realizó con el conocimiento tanto del Gobierno de Navarra, que presidía UPN, como de la propia Mancomunidad de Residuos de la Ribera, que también presidió la propia formación regionalista durante aquellas legislaturas. A esta ilegalidad se le puso freno en septiembre de 2015, cuando se amplió la AAI y dejó dentro de la ley lo que durante 7 años había estado fuera.
