pamplona - La coordinadora Recuperando, que agrupa a una veintena de colectivos de diez comunidades autónomas (entre ellas Navarra) en defensa del patrimonio, ha exigido al Gobierno central que retire el recurso contra el Consejo de Transparencia y haga público el listado de inmatriculaciones de la Iglesia, en coherencia con el anuncio de investidura del presidente Pedro Sánchez. La organización considera incompatible anunciar en el Congreso la recuperación de los bienes indebidamente inmatriculados y mantener en la opacidad la identidad de los casi 35.000 inmuebles inscritos irregularmente por la Iglesia desde 1998.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictó una resolución obligando al Ministerio de Justicia a hacer público el listado de inmatriculaciones eclesiásticas. El Ejecutivo, “de forma incomprensible”, presentó un recurso para impedirlo. “El primer paso, por tanto, para demostrar que la voluntad de Pedro Sánchez es firme, debe ser revelar la magnitud del patrimonio expoliado por los obispos al amparo de un subterfugio jurídico que les permitía inscribir bienes sin aportar títulos de propiedad”, valora Recuperando.

En todo caso, consideran positivo que el presidente del Gobierno haya incluido en su discurso de investidura una referencia explícita a las inscripciones de la Iglesia “y su propósito de promover las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido indebidamente inmatriculados”.

La entidad se muestra dispuesta a cooperar con el Gobierno en la búsqueda de soluciones factibles sobre la base de dos premisas básicas: “La nulidad de todas las inscripciones por ser notoriamente inconstitucionales y la consideración de que los bienes de dominio público no son negociables. Los obispos han registrado a su nombre decenas de miles de inmuebles y fincas, entre ellas plazas, cementerios, locales, ermitas y monumentos pertenecientes al legado cultural inmemorial, como la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la Seo de Zaragoza”.

Los colectivos patrimonialistas exigen que el listado incluya los bienes inmatriculados desde 1946, el año en el que se promulgó la Ley Hipotecaria, y no únicamente desde 1998 como se ha efectuado. Además, estiman urgente limitar la capacidad eclesiástica para enajenar inmuebles inmatriculados hasta tanto no se resuelva el problema. - D.N.