La moción de censura que los grupos Aldatu Elortzibar (AE), Agrupación Independiente Noain - Elortzibar (AINE), Somos Valle - Harana Gara (SV) presentaron contra UPN prosperó y en los primeros días del nuevo Gobierno en el Ayuntamiento del Valle de Elorz, la polémica ya marca la agenda municipal.
Tras el pleno del 14 de abril en el que fue nombrado el nuevo alcalde, Luis Maya, el equipo de Gobierno convocó un pleno dos días después.
En él, el nuevo equipo de Gobierno liberó al teniente de alcalde, Mikel Navarro, con un sueldo de 40.000 euros, lo que ha conllevado la reacción de UPN, que, además de criticar la decisión, recurrirá ante el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) el pleno al apreciar irregularidades.
Urgencia injustificada
Además, consideran que la urgencia del pleno está injustificada. Los regionalistas sostienen que "de forma previa a la adopción del acuerdo de retribuciones hubiera resultado necesario traer al Pleno la aprobación de una modificación presupuestaria que diera amparo a tal gasto, ya que hablamos de un gasto nuevo que no está sustentado en ninguna partida. Cualquier otra forma de actuar como la llevada a cabo creemos que no se ajusta a la legalidad".
Se libera el alcalde, Luis Maya (Aldatu), con un coste de 58.520 euros, y también por primera vez al teniente de alcalde, Mikel Navarro (AINE), con un coste de 53.200 euros al año, incluida la Seguridad Social, por lo que UPN cree que "a los dos días de hacerse con la alcaldía convoquen un pleno extraordinario y urgente sólo para liberarse y ponerse sueldo deja claro que esa es su única motivación y el precio a pagar para tener la Alcaldía".
El interventor defendió en el propio pleno su legalidad refiriéndose a una resolución de Alcaldía por la que se transferían 10.000 euros existentes en la partida de imprevistos a la partida de retribuciones a cargos electos.
Críticas de UPN
"Una resolución que no constaba en la documentación remitida en la convocatoria del pleno, lo cual también contraviene la normativa vigente y por lo que cabría pedir la anulación del pleno. Una resolución a la que nadie se había referido hasta ese momento, a pesar de que el alcalde intentó justificar la actuación y en varias ocasiones se pidió al secretario que explicase la legalidad de la actuación sin que se pronunciase sobre el particular", han añadido los regionalistas en un comunicado.
No obstante, han criticado que "lo más grave es que con posterioridad al pleno" accedieron a la resolución de Alcaldía a la que se aludió en el mismo, y con "gran sorpresa" observaron que, "de conformidad con lo reflejado en la plataforma de gestión, fue redactada y firmada después de que el pleno hubiera finalizado, hace referencia a un informe de Intervención que no consta, y aparece tanto en el encabezamiento como en la indicación de firma al pie de la misma como dictada por Sebastián Marco, anterior alcalde y no por el actual".
Desde UPN se ha solicitado que se les remita toda la información que se disponga en el Ayuntamiento sobre este expediente.
