- El Caso Oncineda por el que Estella-Lizarra pagará a dos empresas terrenos rústicos por valor de 43 euros ha vuelto a dar un nuevo giro. Sobre todo tras la última decisión del nuevo equipo de Gobierno de pedir responsabilidades a quienes intervinieron en la tramitación y aprobación de los convenios expropiatorios para el desarrollo de la ciudad deportiva de Oncineda. Unas responsabilidades que aparentemente habían sido suscritas por el grupo municipal de Navarra Suma, según afirmaron en el pleno de noviembre, en el que el entonces alcalde de Estella, Gonzalo Fuentes, de Navarra Suma, anunció el encargo de un informe al bufete de abogados Iruretagoyena sobre las posibles responsabilidades patrimoniales por parte "de todas las personas y agentes implicados en el expediente Oncineda".

Tras ser condenado el Ayuntamiento a pagar 1,7 millones de euros por los terrenos a dos constructoras que se habían hecho con los terrenos, Fuentes afirmó ya hace siete meses: "Hemos encargado el informe a Josetxo Iruretagoyena, que tiene un gran conocimiento del tema y una experiencia más que justificada". Un anuncio que, según fuentes del actual equipo de gobierno, no se cumplió pese a que precisamente el grupo de EH Bildu presentara dos mociones en plenos sucesivos, pidiendo posibles responsabilidades penales y patrimoniales para las ex alcaldesas María José Fernández, del PSN durante el periodo comprendido entre 2000 y 2007, así como para Begoña Ganuza, de UPN en sus dos legislaturas: las de 2007 al 2011 y desde 2011 a 2015.

Una venta de terrenos para un proyecto que jamás se llevó a realizar de una ciudad deportiva en Estella, y que hizo que los terrenos rústicos adquirieran un valor de 43 euros el metro cuadrado frente a los tres euros que el Gobierno de Navarra pagó por otros similares en la misma localización este mismo año.

Lo cierto es que, pese al compromiso adquirido, fuentes municipales aseguraron que los anuncios de Navarra Suma de activar el informe no se produjeron y añadieron que "ha sido el nuevo equipo de gobierno quien ha impulsado esta incitativa de volver a pedirlo al despacho de Josetxo Iruretagoyena".

Por una lado, se trata de aclarar tanto las decisiones judiciales firmes y pendientes referidas al justiprecio que el ayuntamiento de Estella está actualmente pagando a las empresas propietarias de los terrenos, como el estado actual de la nulidad de los convenios afectados. Con esta iniciativa se reactivan los posibles medios para la exigencia de responsabilidades en este caso, tanto a autoridades como empleados por sus actuaciones al servicio de la administración. Una responsabilidad ante la que las mismas fuentes aseguran que "primero habría que establecer la consideración de quién debería ser incluido dentro de los conceptos y responsabilidades que conllevarían tanto las autoridades como también el personal al servicio de la Administración".

El nuevo informe activado por parte del nuevo equipo de Gobierno, pide que se establezca también la responsabilidad patrimonial directa frente a la administración por los daños y perjuicios causados en sus bienes y derecho, si los hubiera, como consecuencia de actuaciones de las autoridades y personal a su servicio y determinar "la concurrencia de dolo, culpa o negligencia grave en la conducta de las autoridades o empleados". Tras cinco meses del anuncio de la petición de un informe para la evaluación de las responsabilidades administrativas y penales, las mismas fuentes municipales aseguraron que "la iniciativa se puso en marcha tras el cambio de Gobierno. No podemos permitir que la ciudad pague la responsabilidad si se demuestra que hubo responsabilidad o posibles delitos personales. El futuro de Estella estaría en juego".