Han quedado prohibidos todos los velatorios en Pamplona, sean en instalaciones públicas o privadas, así como en los domicilios particulares. Asimismo, se aplazan las celebraciones de cultos religiosos o ceremonias civiles fúnebres hasta el fin del estado de alarma.
Finalmente, en el Cementerio Municipal San José solo podrán participar tres familiares o allegados, además del ministro de culto o persona asimilada, en la comitiva para el enterramiento o en la despedida para la cremación de una persona fallecida, sea o no por coronavirus. En todo caso todos ellos deberán mantener siempre la distancia de protección mínima entre ellos.
El Ayuntamiento de Pamplona hará cumplir esta reglamentación conforme a la orden del Ministerio de Sanidad por la que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19 en relación con velatorios y ceremonias fúnebres. La decisión del Ministerio se aplica a cualquier fallecimiento, con independencia de su causa, en todo el territorio nacional, y se extenderá temporalmente durante todo el estado de alarma.
En el caso de muertes vinculadas al cononavirus, la orden prohíbe específicamente realizar sobre el cadáver prácticas de tanatoestética, actuaciones de tanatopraxia o intervenciones por motivos religiosos que impliquen procedimientos invasivos.
El Ministerio recuerda que la evolución de la epidemia del COVID-19 en España ha supuesto un importante incremento de fallecidos ya que, a los decesos por causas habituales, se suman desde hace días los vinculados a la pandemia. Las especiales características que rodean las ceremonias fúnebres dificultan mantener la separación física interpersonal, además de que los familiares o allegados del fallecido han podido ser contactos estrechos del finado, por lo que deberían permanecer en cuarentena.
Garantías de la Ley de Consumidores y Usuarios
La orden ministerial hace también referencia a la situación de los consumidores ante los servicios funerarios durante el estado de alarma recordando que los precios no podrán ser superiores a los vigentes con anterioridad al 14 de marzo de 2020. Si alguna empresa hubiera cobrado un precio superior a lo previsto en esa fecha, deberá devolver 'de oficio' al consumidor la parte indebidamente satisfecha y, si no puede llevarlo a cabo, deberá dejar constancia de haberlo intentado. En todo caso el consumidor tendrá 6 meses para reclamarlo.
Habrán de devolverse, asimismo, los importes de servicios o productos contratados que no puedan ser disfrutados o entregados al usuario, debido al estado de alarma
Las empresas de servicios funerarios deberán presentar al consumidor un presupuesto desglosado por cada concepto y con la lista de precios vigentes antes del 14 de marzo de 2020; lo que deberá mantenerse incluso resulte necesario realizar actuaciones específicas como consecuencia del COVID-19.
El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones será sancionado conforme a Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
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