La Policía Municipal de Pamplona ha propuesto para sanción a 2.513 personas por diferentes incumplimientos de la normativa relativa al estado de alarma que ha estado en vigor entre el 15 de marzo y el 21 de junio por la crisis del coronavirus.

Además, se han abierto diligencias judiciales a 25 personas por conductas y actos de grave desobediencia relacionados con los decretos de estado de alarma. En total, la Policía Municipal ha realizado 7.144 intervenciones, según ha informado el Ayuntamiento de Pamplona.

De las 2.513 sanciones, un 23%, es decir, 590, se propusieron en controles realizados a vehículos por incumplir aspectos como desplazamientos injustificados, el uso de mascarillas o viajar con varios miembros de la familia o con pasajeros que no fueran familia cuando no se podía, según las diversas fases del estado de alarma.

El resto de sanciones, 1.923, se interpusieron a peatones o viandantes por situaciones como ruidos o molestias vecinales, reuniones con más participantes de los permitidos, quebrantamientos del orden público o salidas abusivas en los momentos más restrictivos del estado de alarma.

La actividad de la Central de Coordinación Operativa (CECOP) que gestiona las llamadas al 092 ha aumentado un 19,2% respecto al mismo periodo del año anterior. En este 2020 se registraron 65.720 llamadas por las 55.121 recibidas entre mediados de marzo y mediados de junio de 2019. En la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) se presentaron un total de 934 denuncias, que se han saldado con 96 personas detenidas.

Durante este periodo han sido denunciadas también 85 establecimientos de hostelería y se han controlado 23.613 vehículos, de los que un 8,1% han sido autobuses de transporte urbano.

En lo que respecta al Grupo de Atestados, en los casi cien días de estado de alarma se han atendido en la ciudad 306 accidentes de tráfico. Además, se han abierto 52 diligencias judiciales por controles de alcohol y drogas positivos y se han interpuesto 50 denuncias administrativas por etilometrías también positivas, pero sin alcanzar tasas delictivas, y otras 43 multas por conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Un total de 27 personas más han sido acusadas de otros delitos contra la seguridad vial, como la negativa a realizarse las pruebas de etilometría o conducir a pesar de tener el carné retirado por sentencia judicial, entre otros.