tafalla - El Ayuntamiento de Tafalla ha dado el primer paso legal para recuperar de los bienes comunales que vienen siendo cultivados de manera irregular en el término municipal culminando así un minucioso trabajo impulsado por el actual equipo de gobierno al comienzo de la legislatura. Un problema que se conocía de atrás -ya que muchas de estas parcelas se declaran a la PAC-, que ningún regidor se había atrevido a abordar pese a su magnitud, y que UPN “guardó en el cajón” en 2011, expuso Goldaracena. El proceso administrativo (incoación del expediente para recuperar la posesión de los bienes comunales usurpados por particulares) se inició ayer contra cinco cultivadores que han ocupado (se ha podido verificar) un total de 113 parcelas roturadas (12,18 hectáreas) si bien el rescate de todos los bienes públicos se hará de manera “gradual y operativa”, según indica el informe técnico. El acuerdo salió adelante por unanimidad de todos los grupos municipales. El punto de partida es el trabajo que lleva a cabo la empresa pública TRACASA sobre el comunal de Tafalla en 2011 y que “no analizaba la totalidad de los polígonos”. En 2015 se detecta que “gran cantidad de parcelas están siendo cultivadas de manera irregular”, y desde alcaldía se decide iniciar los trámites para la recuperación de los terrenos. Se cifró entonces en 25,95 hectáreas los terrenos procedentes de apropiaciones indebidas. En 2016 se pide a la sociedad pública actualizar la información, momento en el que aparecen hasta 227 propietarios afectados y una superficie irregular de 57,64 hectáreas (660 recintos comunales). En 2017 se solicita ayuda al departamento de Desarrollo Rural del Gobierno foral para recuperar la gestión del comunal, y de forma paralela las declaraciones a la PAC (ayudas de Europa) de los dos últimos años. Desde secretaría se arma también el camino legal.

Ante la complejidad de abordar un expediente “común” y tras el estudio realizado se decide empezar por “aquellos cultivadores cuya afecciones sean más relevantes” y que reúnan características que sirvan para poder asentar “procedimientos garantistas” para el resto de cultivadores. De dicho estudio se han seleccionado cinco cultivadores de “diferentes casuísticas tanto desde el punto de vista administrativo, de cantidad de ocupación irregular, de afección medioambiental y de declaraciones a la PAC”. Se comprueba que entre los cinco declaran a la PAC 6,71 hectáreas (el 55% de la ocupación).

Según detalla el mismo informe, en las zonas más degradadas será necesario “revertir el cultivo a vegetación natural”, en las situadas en bordes de barranco sería conveniente “dejarlas a evolución natural”, las pequeñas junto a vegetación natural deben pasar a evolución natural, en los parajes donde abundan los recintos de vegetación natural las parcelas agrícolas pueden “ayudar al mantenimiento de la biodiversidad y proporcionar ingresos al municipio en modo de lote de cultivo”, y también se contemplan posibles permutas en algunas situaciones en las que “el patrimonio comunal puede aumentar de valor”.

audiencia a los afectados Juanan Ramírez de EH Bildu defendió la propuesta del equipo de gobierno que inició en 2011 el proceso encaminado a “recuperar bienes que son patrimonio de todos”. Desde Iniciativa por Tafalla, José Ignacio Moros avaló la medida por haberse de hecho de manera “muy garantista y los afectados van a poder exponer sus argumentos”. Pablo Larrasoaña de UPN aunque valoró la oportunidad de “regularizar” la situación pidió paralizar el punto para dar audiencia a los propietarios de las fincas antes de adoptar el acuerdo a lo que Ramírez respondió que “se ha esperado desde 20111” y añadió que “desde los agricultores no ha habido ninguna queja”. “Vamos a empezar con cinco agricultores pero la idea es analizar todos los casos y seguir actuando como ayuntamiento o esperar que regularicen su situación a motu propio”, agregó. El acuerdo se dará traslado a los afectados e interesados en trámite de audiencia.

Casos ‘flagrantes’. De los cinco propietarios a los que se reclaman terrenos comunales, el que más, tiene unos 40.000 m2. “Son casos flagrantes, sabemos que hay casos de piezas heredadas que ni se cultivan pero estos casos reúnen todas las características, y además algunos han cobrado de la PAC”, aseguró tras el pleno Goldaracena (EH Bildu) que dijo que no habrá sanciones.

Ordenanza de bienes comunales. El Pleno aprobó con el voto en contra de UPN e IT la modificación de la ordenanza de aprovechamiento de bienes comunales en la que, entre otras medidas, se prohíbe el uso de transgénicos lo que UPN e IT no comparten al no haber una regulación estatal.