LA amenaza de imponer a los ciudadanos el copago va y viene. En realidad, el copago no es sino otro eufemismo para enredar el debate público. Parte de la idea falsa de que los costes de servicios públicos básicos como la sanidad, la educación o la atención social son inasumibles. Se trata de capturar el lenguaje para transformar el significado de las palabras sin que parezca que tal cosa se hace. Las prestaciones públicas son pilares del Estado de Bienestar, derechos democráticos de los ciudadanos sobre los que se asienta la redistribución de la riqueza, la igualdad de oportunidades y la justicia social. Derechos por los que los ciudadanos y ciudadanas ya pagan en su contribución fiscal. Pero el copago los convierte en una pesada carga de gratis total que impide el normal desarrollo de la economía y el libre comercio y la libertad de elección sanitaria o educativa. Los servicios públicos son una inversión económica que genera investigación, empleo, cualificación profesional, equilibrio social, futuro para las nuevas generaciones. Pero el copago los convierte en un gasto creciente y pesado innecesario porque la iniciativa privada -a la que, por si acaso, los defensores del copago desvían cientos de millones de euros de dinero público para garantizar su viabilidad y beneficios- puede cubrir tales necesidades sociales a menor coste y sin funcionarios. Barcina defendió en Madrid el futuro copago sanitario. Luego dijo que no dijo tal cosa. Aguirre, quien acompañó a Barcina,defendió el copago en la educación y luego también dijo que no dijo tal cosa. Es la pugna entre derechos y beneficios, entre ética humanista y avaricia mercantilista.