eSTA mañana la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -CNMC- ha decidido que no procede validar la subasta eléctrica por concurrencia de circunstancias atípicas y, por lo tanto, invalida la subida del 11,5% de la factura eléctrica que se anunciaba ayer. Esperando que se esclarezcan los detalles de estas "circunstancias atípicas", los indignados energéticos decimos basta.
Hace justamente tres días el Grupo Popular rechazó la toma en consideración de la proposición de ley de medidas para prevenir la pobreza energética, aduciendo, entre otros argumentos, que precisamente la entrada de las renovables y sus primas, habían empobrecido indirectamente a la población.
Este juego de despropósitos y falsas acusaciones dejan en evidencia la conocida omnipotencia del oligopolio eléctrico donde 5 compañías, pero principalmente Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola, controlan la producción, distribución y comercialización eléctrica; amparados por una clase política que pasea por sus consejos de administración y que da la espalda a las necesidades acuciantes de la ciudadanía.
Pongamos acento en uno de los problemas del sector eléctrico: España pierde gas. Decimos que pierde gas no solamente por la situación económica y de postergación sistemática de la fecha de recuperación y salida de la crisis. España pierde gas porque desde la liberalización del mercado eléctrico en 1997 y la construcción desaforada de centrales de ciclo combinado, necesita quemar gas. Tres consecuencias:
1) Las centrales de ciclo combinado reciben un pago por capacidad que les asegura una retribución aunque no entren en servicio (en el año 2012 el consumo de gas para producción eléctrica disminuyó en un 23%). La retribución la pagamos en la factura.
2) El gas se importa mayoritariamente de Argelia (42,4% del total de las importaciones en 2012). Sonatrach, empresa estatal que domina las relaciones gasistas en Argelia, consiguió en 2010 una revisión retroactiva de los contratos de venta de gas en la Corte de Arbitraje de París, obligando a Gas Natural Fenosa a pagar la cifra de 1.500 millones de euros. La transnacional catalana aseguró que 450 millones de euros saldrían de sus beneficios. No hace falta explicar dónde se repercutió el resto.
3) El proyecto de almacenaje geológico de gas Castor liderado por ACS de Florentino Pérez, que hizo temblar las tierras del Sènia, contiene unas cláusulas abusivas en su contrato donde se sentencia que, en caso de suspensión o finalización de la concesión, las instalaciones pasarían a ser titularidad del Estado y éste debería indemnizar al operador por su valor neto. El proyecto Castor tuvo un coste de 1.700 millones de euros. Otra vez, traspaso de deuda privada a la esfera pública y de aquí, a todos y todas nosotras.
Por todo eso decimos basta. Nuestra indignación va más allá de la subida o no de la factura de la luz. La protección de los intereses corporativos energéticos frente a las necesidades de la población nos indigna profundamente. Tenemos que recuperar la soberanía energética: una combinación de democracia, control de los medios de producción, sostenibilidad ambiental, decrecimiento del consumo y enraizamiento territorial; confrontando el actual modelo dependiente de energías fósiles y dominado por el oligopolio energético que nos empobrece y menosprecia nuestro derecho a decidir.
Alfons Pérez
Observatori del Deute en la Globalització y miembre de la Xarxa per la sobirania energètica
