Con el término nación se denomina un territorio habitado por un grupo de personas que comparten unos rasgos comunes: lengua, tradiciones, historia o cultura. España no es una nación, sino un Estado plurinacional, pero que Euskal Herria o Catalunya son naciones ofrece pocas dudas; la cuestión estribaría más bien en si son acreedoras del derecho a formar un Estado propio. La existencia de una nación no conlleva necesariamente la formación de un Estado independiente. Durante el siglo XIX, cuando el romanticismo nacionalista constituía la corriente cultural y política predominante, se impulsó la configuración de diversos Estados-nación, pero en la actualidad los Estados plurinacionales siguen proliferando por doquier. En todo caso, deberían ser las sociedades vasconavarra y catalana las que decidan libremente sobre esta cuestión trascendente. Un impedimento decisivo para permitir el ejercicio del derecho a decidir podría fundamentarse en una sospecha cierta de que se pretendiese conformar un Estado étnico. Ejemplos de Estados étnicos los encontramos en la Alemania nazi o en la propuesta del sionismo radical de crear en Israel un Estado judío, con la consiguiente consideración de extranjero de quien no pertenezca a esa etnia. Sin embargo, en Euskal Herria no existe ningún partido ni sindicato que propugne la creación de un estado étnico; por lo tanto, el nacionalismo vasco, una vez superado el fenómeno nefasto y execrable del terrorismo etarra, no incurre en ninguna ilegalidad; lo mismo podría decirse de Catalunya en cuanto al derecho internacional. De hecho, ningún partido nacionalista exige la independencia por decreto gubernamental, sino que se limitan a solicitar la celebración de unos referéndums que determinen la voluntad mayoritaria de las sociedades vasconavarra y catalana.
Tras varias décadas escuchando de forma machacona un discurso radical y marcadamente victimista sobre una supuesta imposición del Estado a Euskal Herria, alocución acompañada de asesinatos múltiples, secuestros, extorsiones, etcétera, constatamos cómo en Navarra ni siquiera hay voluntad política ni social de activar la Transitoria Cuarta, disposición constitucional que recoge la posibilidad de que la Comunidad foral se una a Euskadi. Y el Estado vasco sin Navarra no tendría ningún sentido, ya que la historia de este territorio contiene el único precedente real de una entidad nacional semejante. Y, sin embargo, la LORAFNA no se sometió a referéndum, se sustrajo el derecho a la sociedad navarra de pronunciarse sobre su régimen foral. Ante estos hechos consumados, siempre nos quedará la duda de qué hubiesen decidido los navarros y navarras en la Transición sobre esta cuestión de haber sido consultados, cuando el PSN, muy poco antes de lograr el apoyo mayoritario y alcanzar el poder, también se mostraba a favor de la unión de las cuatro provincias vascas del Estado español y del derecho de autodeterminación.
De todos modos, el debate no está cerrado, pues el nacionalismo democrático vasco vive en Navarra un momento de prosperidad, con una presidenta del Gobierno foral abertzale y con más parlamentarios que nunca. Además, no solo los partidos nacionalistas se muestran favorables al derecho a decidir, sino que todo el cuatripartito aboga por una profundización democrática en el autogobierno. Por eso, ante las propuestas de suprimir la Transitoria Cuarta en una hipotética reforma constitucional, en el caso de que asimismo se decida redactar una nueva ley foral de autonomía, ésta debería contemplar la posible formación de una comunidad autónoma unitaria junto a las provincias hermanas si así lo decidiese una mayoría social cualificada. En esta ocasión, a diferencia de lo que sucedió con el Amejoramiento del Fuero, se tendría que someter a referéndum y respetar y acatar la libre voluntad de la ciudadanía navarra.
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