El reciente acuerdo de los responsables de Energía de la Unión Europea sobre el plan de consumo de gas destinado a enfrentar las consecuencias del corte del consumo por parte de Rusia, que podría incluso adelantarse a antes de otoño, supone un paso adelante en la previsión de un trastorno del suministro que ha de impulsar medidas de ahorro bajo los conceptos de solidaridad, responsabilidad de los países y regiones y eficiencia energética. La coacción rusa tras las sanciones europeas sitúan a Europa en una encrucijada global que dibuja un fuerte impacto local que supone a la postre adaptar el plan a las distintas realidades. La propuesta inicial de la Comisión Europea que establecía un ahorro del 15% en el consumo de gas para todos los estados miembros derivó tras el pacto en un abanico de excepciones, entre ellas el Estado español, en base a un acuerdo intermedio que trasciende a las restricciones y obliga a mirar a un proceso de ahorro voluntario y, en otro plano, a pisar el acelerador en materia de transición energética hacia la generación de energías renovables. Es positivo el nivel de consenso adquirido entorno a los países de la UE flexibilizando la postura inicial respecto a los poderes de Bruselas frente a las decisiones rusas y su uso el gas como arma de guerra. El acuerdo no solo es necesario sino que sitúa la prevención como la mejor de las herramientas y a la que no es ajena Euskadi que exige, al igual que en la emergencia sanitaria del Covid o los fondos europeos, la adaptación a su propia realidad en el marco de una alerta global con fuerte impacto local en el que priman los planes de eficiencia energética, las medidas de ahorro o contingencia y que demandan una responsabilidad que transita por prepararse y actuar. El pacto europeo, tras la ambiciosa propuesta inicial, es una buena noticia, que deberá acompañarse por herramientas en el plano del ahorro energético dirigidas a distintos ámbitos, desde la industria o la administración pública hasta los propios hogares porque, pese a que se descarta la denominada “austeridad energética”, un impacto en el incremento del precio de la energía obliga a poner en marcha un plan de prevención y pedagogía que esté guiado por los principios de solidaridad y responsabilidad energética y así adelantarse a un escenario donde se materialicen las amenazas.