El independentismo catalán no tiene a día de hoy un proyecto compartido mediante el que lograr el objetivo –este sí, teóricamente común– de forzar el ejercicio del derecho de autodeterminación. La tradicional Diada celebrada ayer fue el escenario en el que se visualizó esta agria división, a punto de cumplirse cinco años del referéndum del 1-O convocado y puesto en marcha en plena efervescencia del denominado procés y que fue brutalmente reprimido por la policía española, castigo continuado luego en el ámbito político con la suspensión del autogobierno y la intervención de las instituciones de la Generalitat y en el plano jurídico con el juicio y condena de prisión a los líderes del movimiento. Lo abucheos, silbidos e insultos de “botiflers” –traidores– que recibieron ayer los representantes de ERC durante los actos de la Diada son reflejo de una tensión política y social derivada de las desavenencias estratégicas de los partidos cuyos términos y prolongación en el tiempo perjudican objetivamente al soberanismo en su conjunto y amenazan con una peligrosa fractura que amenaza también al Govern. La apuesta por la mesa de diálogo con el Gobierno español –ratificada en firme ayer mismo por ERC– y el mantenimiento de dinámicas, movimientos y pulsiones sociales no deberían ni pueden ser excluyentes. La convocatoria por parte de la ANC de la tradicionalmente multitudinaria manifestación de la Diada –ayer también lo fue– ha sido un detonante más de esta división y del incremento de la tensión. El motivo y planteamiento de la marcha, así como su manifiesto, han sido interpretados por ERC y el president, Pere Aragonès –que decidió no acudir por ello–, como una movilización en contra de los partidos y las instituciones. Una visión que no parece muy alejada de la realidad, cuando la ANC está intentando no ya presionar a las formaciones políticas, sino que plantea abiertamente “dejar a los partidos atrás”. La falta de resultados tangibles en la Mesa de diálogo es, ciertamente, preocupante y está generando frustración, y eso está en el debe del Gobierno de Pedro Sánchez. La autodeterminación de Catalunya no se podrá lograr sin los partidos políticos ni la participación social, ni tampoco sin un proyecto real viable que sea legal, plural y transversal y un acuerdo con el Estado fruto del diálogo. Es la vía para que Catalunya decida libre, pacífica y democráticamente su futuro.