No es difícil imaginar cómo fueron aquellos días de pandemia dentro de la Administración Pública. Desbordada por una situación inédita y desconocida a la que hubo que responder de forma urgente. No cuesta recodar aquellos días porque todos los vivimos en primera persona. Confinados, limitados en nuestros movimiento y teniendo que ir a trabajar muchas veces sin la protección sanitaria adecuada.
Así que es comprensible y loable que el Gobierno de Navarra y la CEN articularan un método de colaboración público-privada cuando el ámbito empresarial acudió en busca de apoyo. Y que buscaran a través de Sodena una fórmula ágil que garantizara equipos de protección en un mercado internacional controlado por caza recompensas. Había que comprar rápido y pagar por adelantado. Incluso, puede estar justificado que se sobrepagara por la urgencia del momento y el temor a que los problemas de suministro se prolongaran durante aquel difícil año.
Pero la operación se ha saldado con 1,7 millones de mascarillas a punto de caducar en un almacén y un agujero contable de casi dos millones en las arcas públicas. A estas alturas es evidente ya que las cosas no se hicieron bien. O que al menos se podrían haber realizado de otra forma, siguiendo los requerimientos legales que exige Intervención, aunque sus reparos hayan llegado dos años tarde y con un celo que no ha tenido en operaciones similares. Y queda por conocer el informe de la Cámara de Comptos para determinar si, más allá de formalismos administrativos, las irregularidades detectadas tienen mayor calado y requieren responsabilidades políticas por encima del cese de la directora de Sodena, Pilar Irigoyen, única víctima política de momento.
El papel de la CEN
Pero hay en todo esto un asunto pendiente de resolver y que resulta especialmente sangrante. Dos años y medio después casi dos millones de mascarillas encargadas por la CEN, adquiridas por la empresa Albyn y financiadas por Sodena siguen en un almacén porque las tres partes no han sido capaces de encontrar una solución. El Gobierno no puede utilizar las mascarillas porque legalmente no son suyas, –solo adelantó el dinero–. Albyn, que fue quien las compró, no tiene a quién venderlas. Y la CEN, que fue quien las pidió, elude cualquier responsabilidad.
La operación ha derivado en una compleja disputa legal entre la CEN y el Departamento de Desarrollo Económico. Entre la necesidad de dar salida a las mascarillas y la obligación administrativa de reclamar a la patronal que asuma su parte de la factura. Porque ese y no otro es el fondo del asunto. La CEN, que pidió las mascarillas, hizo las estimaciones y asumió el reparto, ahora no las quiere pagar.
Sabe la patronal que al Gobierno le urge una solución. Porque la oposición aprieta, porque políticamente es insostenible tener 1,7 millones de mascarillas almacenadas y porque además caducan en 2023. Y para facilitar una salida, que el Gobierno no puede acometer sin un acuerdo previo, la CEN exige un blindaje jurídico que le exima “de forma expresa e inequívoca” de responsabilidades futuras. ¿Quieres las mascarillas? Vale, pero me dejas por escrito que no me vas a pedir dinero. Y si no, ahí te las apañes.
El chantaje es evidente, y sobre todo denota la arrogancia con la que patronal se relaciona con el Gobierno de Navarra desde que la derecha dejó el poder. Una asociación financiada con dinero público –recibe todos los años 642.000 euros de los Presupuestos– y que al menos en el caso de las mascarillas no se le han exigido las garantías y las obligaciones que sí se requiere a cualquier otra entidad o ciudadano que recibe financiación pública. Vaya usted a Sodena a pedir dinero a fondo perdido y sin compromiso expreso de devolución, a ver qué le dicen.
Llegados a este punto no parecen quedar muchas más alternativas que emprender acciones legales y que sean los tribunales quienes dictaminen si aquel convenio, en el que se daba a la CEN un tratamiento preferencial y de confianza, era vinculante o no. Si el dinero se da ya por perdido y las mascarillas amortizadas, al menos queda salvar la dignidad de la Administración. Y tratar de que la colaboración público-privada deje de ser el argumento con el que se garantiza el beneficio privado a costa del riesgo público.
A fin de cuentas, la CEN no deja de ser una asociación privada que actúa en defensa de sus intereses particulares, que en muchas ocasiones ni siquiera son los del conjunto del ámbito empresarial, mucho más diverso y plural de lo que históricamente ha transmitido la confederación patronal. Y que ha actuado además con una enorme deslealtad, no ya con el Gobierno, sino con el conjunto de la sociedad navarra, que es quien en definitiva le adelantó el dinero cuando más lo necesitaba.
Una lección que debería aprender cuanto antes el Gobierno de Navarra. En especial sus dos principales socios, PSN y Geroa Bai, que durante las dos últimas legislaturas han buscado la complicidad y la simpatía de una organización que ha jugado siempre en favor de los intereses de la derecha, pero que no dudará en volverlo a hacer en cuanto tenga la más mínima ocasión. En el mundo de los negocios no hay más patria que el dinero. Conviene tomar nota y no olvidarlo en el futuro.
