La adaptación del histórico logotipo de Etxerat y Sare es un paso de fuerte peso simbólico. No sólo porque la decisión acompaña a una nueva realidad penitenciaria que da por finalizada la política de excepción que ha sido durante 34 años la dispersión y el alejamiento. También porque inevitablemente elimina del imaginario social un símbolo que inevitablemente para los miles de ciudadanos que sufrieron el terrorismo y las políticas de acoso, chantaje o persecución seguía teniendo un fuerte componente negativo vinculado a su sufrimiento en aquellos años oscuros. Un paso necesario y definitivo reflejo de los avances en materia de diálogo y convivencia que se han desarrollado los últimos años tras la desaparición de ETA. Como lo es también el final del alejamiento con solo 14 de los 173 presos vinculados al colectivo de presosEPPK está hoy en centro penitenciario fuera de Navarra y la CAV y el objetivo es que su situación cambie también este 2023. El acercamiento de los presos y presas cumple la legalidad penitenciaria y el espíritu constitucional y no supone ni cesión, ni precio alguno, sino que pone fin a las viejas políticas de excepcionalidad penitenciaria y cumple la ley que garantiza también a los presos el ejercicio de sus derechos independientemente del alcance de los delitos o crímenes que les han llevado a la cárcel. Más de tres décadas después de dispersión penitenciaria, sigue siendo necesario denunciar la vulneración de derechos, tanto de los propios presos como de sus familiares, que supone esta estrategia que se amparó en la excepcionalidad legal bajo el paraguas de la lucha contra ETA. Pero ETA ya no existe. Afortunadamente abandonó el terrorismo hace ya 11 años. No obstante, se acaba la dispersión, pero se mantiene las trabas judiciales para obtener otros beneficios penitenciarios en una empeño por continuar con todo tipo de subterfugios medidas de excepción como la continuidad en prisión pese a sufrir enfermedades incurables, la cadena perpetua encubierta, el denominado derecho penal de autor, la marcha atrás en la mejora de grados o incluso en libertades condicionales concedidas, un bloque de medidas que ni siquiera se adecuan al espíritu de la Constitución en el ámbito de la reinserción. Este país vive un nuevo tiempo que exige poner fin a esas medidas excepcionales situadas al margen de los valores democráticos y del espíritu constitucional. Ya no hay una situación de violencia terrorista y excepcionalidad que las pueda maquillar como justificables. Asesinar, secuestrar, extorsionar y perseguir al diferente estuvo mal, fue injusto y, sobre todo, fue inhumano. Es importante, tanto desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos como para la consolidación de la convivencia, que este proceso en favor de la reinserción no se detenga. Tanto el Gobierno como los miembros del EPPK y su mundo han dado pasos, pero han de darse más, por ambas partes. Porque la defensa de la reinserción y resocialización lleva un “plus” para los presos de ETA: el reconocimiento del daño injusto causado a las víctimas. Una política de normalidad y legalidad penitenciaria, sin resquicios penales ni excepciones, que no significa impunidad y que se adecúe a los valores de una justicia garantista y democrática, no a una sombría justicia vengativa.
