El Parlamento de Navarra ha rechazado esta semana la solicitud de Mañeru para pasar a la zona mixta. Los votos de Navarra Suma y del PSN han tumbado la reforma de la Ley del Euskera que Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E habían registrado después de que el Ayuntamiento reclamara, por unanimidad, la modificación normativa.
Un argumento insuficiente para los dos grupos, que consideran que ni es el momento oportuno ni la realidad sociolingüística justifica un cambio que, más allá de todo el ruido, implica dar mayor visibilidad al euskera y facilitar en las dos lenguas propias algunos servicios que, de facto, ya se están dando.
Mañeru es el único pueblo de la mancomunidad de Valdemañeru enmarcado en la zona no vascófona. Cirauqui, Guirguillano, Artazu o Echarren, con quienes comparte servicios y secretaría, están ya en la zona mixta, y el Ayuntamiento denuncia que la situación resulta discriminatoria para sus vecinos.
No es el único motivo. La realidad sociológica ha cambiado mucho en los últimos años. Hoy, todos los alumnos de primaria de la localidad estudian euskera. El 64% en el modelo D y el 36% restante en el A. Ninguno ha optado por el modelo íntegro en castellano. Lo hacen además en Puente la Reina porque la falta de oferta en euskera dejó vacía la escuela de la localidad.
Mañeru es el único municipio que ha solicitado el cambio en esta legislatura. Quedó fuera de la reforma que se llevó a cabo en 2017 por la que 44 localidades, buena parte de ellas de la zona media y Tierra Estella, pasaron a la zona mixta. El criterio fijado entonces fue que lo debía solicitar el pleno municipal. Algo que Mañeru optó por no hacer pese a que en una consulta popular los vecinos se mostraron mayoritariamente a favor. UPN, PP y el PSN votaron contra de los cambios en la ley.
Así que en cierto modo el resultado de la votación del pasado jueves era previsible. Los socialistas han fijado una línea roja en todo lo que suponga avances normativos relacionados con el euskera. Aceptan mejoras en la financiación presupuestaria, peaje en la negociación con sus socios del Gobierno, pero nada que pueda ser irreversible y pueda ser interpretado como una cesión al nacionalismo vasco. Mucho menos a escasos cuatro meses de las elecciones.
En la dirección del socialismo navarro existe la convicción de que su llegada al Gobierno está directamente vinculada con su oposición a la política lingüística del Gobierno de Barkos. De ahí que se oponga de forma frontal a que el euskera pueda puntuar como mérito en el acceso a la Administración en el sur de Navarra, aunque sí lo hagan el alemán o el francés. De hecho, la baremación de méritos sigue pendiente desde el inicio de la legislatura. Lo que ha generado un vacío legal, tal vez deliberado, que penaliza el conocimiento del euskera en las oposiciones que se han convocado estos últimos años en la zona mixta.
Y de ahí también que los planes lingüísticos de los departamentos, los que deben concretar qué plazas tienen requisito de euskera para garantizar la atención bilingüe, sigan en una carpeta mientras se lleva a cabo todo el proceso de estabilización. Pese al compromiso expreso de la presidenta de tenerlos aprobados hace más de un año.
Un asunto pendiente
Desgraciadamente el euskera sigue siendo arma de confrontación, y cualquier avance en su reconocimiento efectivo como lengua propia motivo de recelo. El debate de esta semana ha sido fiel reflejo. UPN y PSN han vuelto a apelar a la realidad sociolingüística, a la imposición y a la discriminación de los no vascoparlamentes para justificar su veto a Mañeru. Mala noticia para el euskera, que vuelve a ver abonado el sentimiento euskarafóbico con el argumento, falso pero efectivo, de que el paso a la zona mixta de un municipio de apenas 400 habitantes supone una merma de derechos para quienes no conocen el idioma.
Esta vez sin embargo el conflicto resulta fácil de entender. No se puede argumentar voluntariedad cuando la solicitud llega de la unanimidad municipal. Ni se puede apelar a la realidad sociolingüística cuando las familias apuestan ampliamente por la educación trilingüe. Ni mucho menos se puede hablar de imposición del euskera cuando, por un mero cálculo electoral, se acaba imponiendo la zona no vascófona por encima de la autonomía municipal.
Algo difícil de explicar para el PSN, que en 2010, con alguien tan poco sospechoso como Roberto Jiménez al frente, consideraba “equilibrado” aprobar el cambio normativo si los municipios lo pedían por mayoría. Los socialistas no solo renuncian a un importante nicho electoral al que podrían haber aspirado desde posiciones más moderadas en política lingüística. Dejan también en una situación comprometida a sus dos principales aliados.
Porque la votación del jueves interpela directamente a Geroa Bai y a EH Bildu, que durante los últimos cuatro años han renunciado a cuestiones que son básicas para su electorado para garantizar una mayoría alternativa a la derecha. Pero que difícilmente podrán obviar en el futuro. Mañeru no es solo un pueblo, es también un síntoma. Y un argumento más para atar mejor determinadas cuestiones cuando toque negociar el próximo Gobierno de Navarra.
