La detención, incomunicación, desinformación, falta de transparencia y ausencia de garantías judiciales en el proceso al que está sometido el periodista Pablo González en Polonia no sólo no acaban de salir de ese estado de sombras antidemocráticas en que está inmenso desde su detención e ingreso en prisión hace 15 meses, sino que la vulneración de sus derechos civiles y profesionales como ciudadano del Estado español y de la UNE y como periodista en ejercicio van a más. Han tenido que pasar 15 meses de prisión, semanas y meses de incomunicación y dificultades constantes a su derecho a la defensa para que un miembro del gobierno polaco se pronunciara sobre el tema. Ha sido el ministro de Exteriores, un tal Zbigniew Rau, y ha hablado para lanzar aun más incertidumbre y más confusión sobre todo lo que ha rodeado desde el principio al caso de Pablo González. Según Rau, los cargos a los que se enfrenta son “muy graves”, pero como no podía ser de otra forma teniendo en cuenta todo lo que le ha ocurrido a Pablo González en este tiempo, no ha desvelado cuáles son las razones que supuestamente avalan tal gravedad. Lo mismo siempre: 15 meses y aún no se sabe que acusaciones concretas pesan sobre Pablo González que puedan justificar todo ese tiempo de prisión incondicional en un estado de la UE sometido supuestamente a los principios de la justicia democrática europea. Tan sólo filtraciones interesadas a través de fuentes sin credibilidad han apuntado en algún momento que a Pablo González se le acusaba de espionaje para Rusia mientras hacía su trabajo como periodistas en la frontera con Ucrania tras la invasión rusa, delito que se castiga allí con penas de hasta 10 años de cárcel. Por supuesto, nadie ha visto ni una sola prueba de esas acusaciones después de meses de un proceso plagado de irregularidades y prórrogas de su situación sin que la Fiscalía polaca haya aportada nada que lo justifique. El ministro polaco también asegura ahora que espera que “sea sometido a juicio relativamente pronto”, pero la realidad es que se sigue alargando su situación de indefensión con medidas dilatorias del procedimiento judicial antes que con la presentación de pruebas. Las palabras de Rau no aportan ninguna luz de esperanza sobre el futuro de Pablo González, pero pese a ello y la constatación una vez más que sus derechos seguirán siendo vulnerados ilegalmente, el ministro español de Exteriores, Juan Manuel Albares, sumiso también a Polonia, se limitó a corroborar que las acusaciones son muy graves –se supone que las conoce, aunque tampoco las concretó–, y que sus “derechos están garantizados”, lo cual ni ha sido ni es todavía verdad. Pero Albares ya ha dado reiteradas muestras de que su respeto a los derechos democráticos deja mucho que desear. Su ridícula pleitesía a Mohamed VI contra el pueblo saharaui es otro ejemplo. Se ha vulnerado la legislación europea de protección de derechos humanos y civiles de Pablo González y también todas las obligaciones garantistas del sistema judicial europeo y eso debiera denunciar Albares, no posar con la misma sonrisita tonta de siempre. La libertad, el derecho a la defensa y un proceso judicial con garantías para el periodista Pablo González siguen siendo 15 meses después de su detención exigencias democráticas mínimas e irrenunciables.