Las nuevas informaciones y los documentos desvelados sobre la Operación Catalunya de espionaje al margen de la ley a partidos y dirigentes catalanistas, empresarios e incluso miembros del sistema judicial –el entonces fiscal general de Catalunya–, por parte del Gobierno de Rajoy evidencian otra vez las gravedad extrema de unos hechos que forman parte de la historia más negra del Estado oscuro organizado por el PP.
Actuaciones de una gravedad política y penal máxima. Fue un burdo montaje de la policía política que organizó Fernández Díaz en el Ministerio de Interior, un núcleo bananero sin control judicial, pero financiado con fondos públicos, para, en este caso, organizar pruebas falsas, testigos comprados y medios y jueces dispuestos a seguir el juego, que dañaran la reputación personal y familiar de personas, entidades e instituciones de Catalunya. Un sistema de persecución y manipulación policial, judicial y mediática que más tarde se pondría en marcha también contra Podemos.
Y que forma parte, como una derivada más, de la denominada Operación Kitchen, que igualmente desvela en toda su crudeza el montaje parapolicial de la cúpula de Interior y altos cargos de la Policía Nacional para espiar en ese caso a Bárcenas y destruir pruebas que pudieran implicar al núcleo duro del PP. Todo ello utilizando también funcionarios públicos y pagado con fondos reservados. A esa cloaca ideológica y policial le han intentado llamar policía patriótica, cuando en realidad es una simple policía política al servicio de los intereses partidistas del PP. Las policías políticas son ajenas a un sistema político y jurídico sustentado en valores constitucionales democráticos. De hecho, son policías propias de regímenes antidemocráticos y autoritarios, repúblicas bananeras o sistemas corruptos sin derechos ni libertades.
Para que se entienda mejor, policía política fue aquella Brigada Político Social del franquismo que ahora descubrimos resucitada. En realidad, la policía política de Fernández Díaz, conectada directamente con Cospedal y con Rajoy como el propio Villarejo ha dejado claro ya en varias ocasiones, son ejemplos de la existencia de tramas mafiosas y secretas que utilizan el poder político, la complicidad periodística y los recursos públicos al servicio de sus intereses partidistas contra los adversarios y para entorpecer la actuación de la justicia. De hecho, solo la estrambótica instrucción del juez García Castellón en estos casos y en otros como Gürtel, Púnica, Lezo, etcétera han impedido que Cospedal y el mismo Rajoy hayan ocupado hasta ahora su lugar en el banquillo de los acusados. Con Fernández Díaz o con la es directora del CNI, Pilar Esteban, por el caso Pegasus que muestra síntomas similares, no ha podido evitarlo.
La Operación Catalunya es una caso de guerra sucia desde las instituciones del Estado, una suma de tropelías de espionajes, chantajes e intoxicación informativa para reconvertir la disidencia democrática en delincuencia. El mundo del espionaje español es una mezcla de maniobras tenebrosas desde las cloacas y de chapuzas de ineptos profesionales. No vale engañarse, son síntomas de la gravedad de esa España enferma en la que la mentira, la corrupción, el autoritarismo y la involución antidemocrática han campado a sus anchas sin coste alguno. Que se acabe la impunidad de una vez.
