Comienzan los movimientos para la investidura en Catalunya. La sesión del Parlament está prevista para el próximo martes, 24 de junio, aunque todo indica que ese día no habrá candidato. Illa ya anunciado que trasladará al president de la Cámara, Josep Rull, que necesita más tiempo para cerrar acuerdo con ERC y Los Comunes y Puigdemont, quien también ha mostrado su intención de intentar la investidura quiere que el socialista vaya primero. El baile de la política catalana está confuso. Illa quiere atraerse a ERC con la oferta de un nuevo sistema de financiación singular para Catalunya. Formalmente no puede ser igual al Convenio Económico de Navarra ni al Concierto de la CAV, pero quizá sí plantear similitudes. Por su puesto, como cada vez que llega a la mesa política la cuestión de la financiación de Catalunya y su interés por buscar un modelo similar a los de los regímenes forales, el vocerío centralista poner el grito en el cielo.

La descalificación con el término manoseado y falso de privilegios para señalar el autogobierno foral de Navarra y la CAV o el sistema de Canarias resurge otra vez. Algunas comunidades socialistas, con García-Page a la cabeza. Lo de este señor con los Fueros es una obsesión absurda que casi siempre chapotea en el ridículo y la ignorancia como antes que él su compañero Rodríguez Ibarra y otros jacobinos. Y lo mismo en el PP. Feijóo ya ha dicho que nada de eso, aunque fuera Aznar el que cediera importantes competencias recaudatorias a Catalunya en los años 90 para llegar al poder en Moncloa con el apoyo de Pujol.

Y aunque esa propuesta de pactar una financiación singular para Catalunya ya formara parte de los programas electorales del PP con Rajoy en 2012. La cuestión de la financiación autonómica, incluida la de Catalunya y los déficits fiscales de las comunidades del régimen común es una guerra que lleva más de una década en la agenda política, ya saturada de conflictos, con una sucesión de iniciativas que se convierten en batallas y siempre acaban en nada. Sigue en estado pendiente. No sé si esta vez se llegará a algo que satisfaga las necesidades de Catalunya y, al mismo tiempo, solucione de forma eficiente la infrafinanciación del Estado, que es donde reside la obligación de garantizar la viabilidad y la financiación de esas comunidades del régimen común, pero parece difícil. No sólo tiene en frente al PP y algunos dirigentes socialistas, también Puigdemont y Junts están trabajando para boicotear un posible acuerdo sobre un modelo singular de financiación entre PSC y ERC. Sin olvidar que los republicanos están inmersos en una crisis interna consecuencia del varapalo electoral de mayo.

Desde Moncloa y el PSOE se emiten mensajes positivos sobre a la marcha del diálogo en Catalunya, pero aunque todavía no haya razones para el pesimismo total, tampoco parece que Illa vaya a tener fácil cerrar ese acuerdo a tres bandas y ser elegido president. Menos oportunidades tiene Puigdemont, pese a su empeño. Su tiempo ya ha pasado. Y todo esto con las sombras que arrojaría una repetición electoral en Catalunya sobre la situación del Gobierno central, ya sometido a inestabilidades continuas y con el PP y Vox necesitados de mantener los problemas sin solución –Catalunya o Poder Judicial–, para seguir con la estrategia de crispación y ruido de forma permanente.