La fractura es absoluta en la cúpula fiscal, tal y como lo demuestra el resultado de la Junta de Fiscales que ha respaldado este martes, completamente dividida, amnistiar todos los delitos del procés, incluido el de malversación, en beneficio, entre otros, de Carles Puigdemont. Por 19 votos a favor -incluido el del fiscal general- y 17 en contra -y una abstención- han dado el visto bueno al criterio de Álvaro García Ortiz de pedir al Tribunal Supremo (TS) que aplique la medida de gracia en toda su extensión tras cinco largas horas de reunión. Posición que desautoriza la de los fiscales del TS que defendían que no era viable perdonar la malversación al entender que tuvieron ánimo de lucro y afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea.
Sin embargo, una mayoría estrecha coincide con el fiscal general en que, tras la entrada en vigor de la ley, “procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados”, lo que incluye la orden nacional de detención activa contra el president en el exilio. Fiscalía enviará este miércoles su respuesta al juez instructor del procés Pablo Llarena y a la Sala de lo Penal del Supremo.
A expensas de abordar los debates relativos a otras causas amnistiables, como la de terrorismo que se investiga por Tsunami Democràtic o la del presunto desvío de fondos para el 1-O y la acción exterior del Govern pendiente de sentencia en el Tribunal de Cuentas; la cúpula del Ministerio Público ha estudiado el informe de García Ortiz donde se recoge que los argumentos ofrecidos por los cuatro fiscales (Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena) son “insuficientes para poner en duda la posibilidad de entender amnistiados los delitos de malversación”. A juicio de estos fiscales del procés, es “indudable” que Puigdemont y el resto de encausados “sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya un proyecto inconstitucional de desintegración de España”. No obstante, sí ven viable perdonar la desobediencia y los desórdenes públicos. García Ortiz ha insistido en que la malversación se puede amnistiar porque el perjuicio patrimonial para la Administración que causaron los encausados no es equiparable al “enriquecimiento personal de carácter patrimonial”.
"Esta división explica muy bien cómo funciona la Justicia española en estos últimos años"
El Govern, a través de su aún portavoz, Patrícia Plaja, define esta división existente como la mejor explicación de “cómo funciona la Justicia española durante los últimos años”. “En un Estado de derecho se debe respetar la separación de poderes y las leyes se deben aplicar”, ha indicado este martes, aunque sin extrañarle que algunos estamentos judiciales opten por “mover ficha” contra la amnistía. Sin querer entrar a valorar “salidas de tono ni tensiones”, la portavoz ha aseverado que “lo importante es aplicar la amnistía en su totalidad”.
En este contexto, el secretario general de Junts Jordi Turull llevará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el informe de los fiscales del procés en contra de que se les amnistíe por malversación, porque cree que su “descabellada” y “extravagante” interpretación demuestra que han sido víctimas de “persecución” política.
