La aprobación por unanimidad de todos los grupos en el trámite, tanto en el Congreso como en el Senado, de una reforma legal para adecuar la legislación penitenciaria española a la normativa europea y conmutar las penas de cárcel cumplidas en el extranjero se ha convertido en una nueva polémica política tras denunciar algunas asociaciones de víctimas de ETA que puede beneficiar a personas presas condenadas por hechos terroristas. La reforma legal anula una disposición excepcional, que añadió el Gobierno del Rajoy en 2014 con mayoría absoluta del PP, que restringía la aplicación de la norma europea que descuenta el tiempo de condena cumplido en otro país. El PP acusa ahora al PSOE de colarles el cambio, pero la realidad es que el asunto ha tenido un amplio trámite y ha pasado por pleno del Congreso, ponencia, comisión, otra vez pleno del Congreso y por último por el Senado, donde ningún grupo presentó enmienda alguna. En ese proceso se ha votado en tres ocasiones y todas en el mismo sentido positivo. No es creíble que el PP no se haya enterado en ningún momento de qué se estaba reformando. De hecho, su portavoz afirmó que este cambio legal llegaba “dos años tarde”. Sabían lo que votaban, aunque ahora prefieran situar a sus más de 200 diputados y senadores como vagos, pardillos o ignorantes, porque la exposición de motivos que justifica la reforma es clara en su necesidad y objetivo. Era una adecuación a la norma europea obligado e inevitable. También es razonable que en un Estado de Derecho los años pasados en la cárcel se cuenten como años pasados en la cárcel. Y está bien porque supone terminar con otro espacio de excepcionalidad penitenciaria, cumple la legalidad europea y el espíritu constitucional y no supone ni cesión, ni impunidad, ni precio alguno. ETA ya no existe. Decir, como Ayuso, que ETA está más fuerte que nunca es mentir e ignorar lo que fue ETA. Este país vive un nuevo tiempo y ya no hay una situación de violencia terrorista que pueda maquillar la excepcionalidad como justificable ni tampoco una sombría justicia vengativa. Asesinar, secuestrar, extorsionar y perseguir al diferente estuvo mal, fue injusto y fue inhumano. También fue un inmenso fracaso. Queda pendiente aún asumir que la defensa de la reinserción y resocialización debe conllevar el reconocimiento del daño injusto causado a las víctimas. La inmensa mayoría de la sociedad de este país tiene un relato compartido sobre esos 50 años de violencias, tanto en lo que afecta al terrorismo de ETA como en lo que implica a la guerra sucia, el terrorismo de Estado, parapolicial y de grupos de derecha o a la tortura. Y por eso se siguen dando pasos para avanzar en las memorias históricas, verdad, justicia y reparación, aunque no en la misma medida para todas las víctimas. Como quedó claro ayer mismo en el Senado en una pregunta de Uxue Barkos sobre la descalcificación de los documentos sobre la muerte de Mikel Zabalza a la que el ministro Bolaños respondió vinculando esa decisión a lo que llamó Seguridad Nacional. A estas alturas, la verdad de las torturas y asesinato de Zabalza es conocida y pública y esa verdad nada tiene que ver con la Seguridad Nacional, ni de entonces ni de ahora. Aún sigue habiendo víctimas a las que se les niega el reconocimiento y la justicia.