La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, convocó ayer al Pleno del Consejo de Universidades, que reúne a los rectores de las 91 centros públicos y privados que funcionan en el Estado, para informarles del real decreto sobre reconocimiento y acreditación de universidades. La ley que el Gobierno español pretende aprobar por la vía de urgencia para que pueda entrar en vigor en junio endurece los criterios de acreditación necesarios para la apertura de centros de enseñanza superior, en aras a garantizar su calidad.

Aunque desde el ejecutivo se subraya que la nueva norma esta dirigida tanto a iniciativas públicas como privadas, a nadie se le escapa que surge en el contexto de la proliferación como champiñones de universidades privadas, en muchos casos, sin más fin que el de hacer caja. Ante esta realidad, la norma busca frenar “los chiringuitos” que se ocultan tras la fachada académica de muchos de los proyectos. En las últimas cuatro décadas, en el Estado se ha pasado de tener 33 universidades públicas y 4 privadas a 50 públicas y 46 privadas. La norma establece una criba basada en criterios de obligado cumplimiento como alcanzar un mínimo de 4.500 alumnos durante los cinco primeros años de ejercicio, destinar al menos un 5 por ciento del presupuesto total a programas de incentivación de la investigación u ofertar un mínimo de diez títulos oficiales de Grado, seis títulos oficiales de Máster y tres programas oficiales de Doctorado en tres ramas de conocimiento distintas.

Pese a la pertinencia de querer blindar legalmente la actividad universitaria esencial en su triple dimensión docente, investigadora y de extensión del conocimiento, el problema se encuentra en que la iniciativa del ejecutivo español se parece demasiado a una reacción al sistema universitario de la Comunidad de Madrid, donde el gobierno de Ayuso ha planteado la guerra ideológica y la asfixia económica a la universidad pública mientras despliega la alfombra roja a toda clase de proyectos privados sin los mínimos estándares académicos. Este nuevo capítulo del toma y daca entre los gobiernos español y madrileño convierte al resto de comunidades en rehenes de una polémica política ajena a su realidad universitaria y, lo que es más grave, en una nueva amenaza de invasión competencial.