Al menos siete mujeres, tres de ellas niñas, morían ahogadas este jueves en la isla de El Hierro al volcar la patera en la que huían de la miseria y la violencia en sus países de origen. Mientras esto sucedía, el debate político sobre la asistencia a los menores migrantes en el Estado seguía atascado en un bucle deshumanizado de intereses particulares que ha construido un relato de desentendimiento y criminalización con el que los partidos de la derecha española aspiran a obtener el respaldo mayoritario de una sociedad a la que necesitan atemorizada e insensible a lo que no sean sus propios intereses particulares.
Es complicado entender los argumentos disfrazados de responsabilidad de los barones del PP al margen de esa estrategia. Desde luego, no están inspirados por la pretendida igualdad y equilibrio que demandan para eludirlas luego, en el reparto de obligaciones colectivas. Obligaciones en nombre de la asistencia humanitaria en primer lugar y de la corresponsabilidad con el modelo de Estado que ha puesto en sus manos las cuotas de poder que administran.
La gran mentira de la polémica sobre el reparto es extraer de la ecuación las variables del esfuerzo real asumido hasta la fecha y la de la solidaridad equilibrada que corresponde asumir. Los esfuerzos crecientes que demanda la gestión de los derechos humanos de las personas no cogen a todos con igual grado de implicación ni voluntad. Quienes se ven hoy retratados en la necesidad de hacer un esfuerzo superior –para equipararse desde sus posibilidades económicas y dimensión poblacional al que ya han realizado otros en el pasado– no deberían pretender verse eximidos por su falta de acción previa.
Cuestión aparte es la de la sostenibilidad del modelo de reparto y el modo en que una paulatina integración de las personas inmigradas permita crear oportunidades para su desarrollo pleno y aportación a la sociedad que las acoge. La ausencia de un consenso sobre los mecanismos, y de voluntad para construirlos, está más allá del alcance del reparto de personas. De hecho, la frontal oposición al mismo es el medio por el que un relato ideológico, carente de vínculos con los derechos humanos, evita encarar los pasos siguientes y aboga por sustituirlos por barreras para que las próximas niñas se ahoguen más lejos de nuestra vista.