La violencia machista ha segado en el mes de junio diez vidas en el Estado –nueve mujeres y un menor víctima de violencia vicaria– proyectando la dimensión insoportable de un problema que persiste por encima del rechazo social, que aparenta ser insuficiente a la vista del resultado. Junto a la consolidación de un fenómeno de violencia vicaria –dos niñas y un niño asesinados en los últimos tres meses–, el diagnóstico de los casos registrados ofrece la evidencia de factores de vulnerabilidad que están presentes de forma muy insistente en la situación de las víctimas. Vulnerabilidad económica en tanto la dificultad para salir de estados de riesgo tiene muchas veces origen en la falta de independencia de recursos; vulnerabilidad por aislamiento social, que se agrava en los casos de entornos rurales; dependencias por problemas de salud mental o adicciones; situación de desamparo por la condición de migrantes de las víctimas. Todas estas circunstancias contribuyen a un marco objetivable de desamparo al que es preciso responder con una estrategia cooperativa en los niveles interinstitucionales y en la movilización social. Por más que se pretenda simplificar, el problema no se va a resolver poniendo escolta a todas las mujeres susceptibles de ser víctimas de violencia machista. Va a haber casos en los que deba ser una solución coyuntural por la extrema situación de riesgo, pero la estabilización de su situación requiere medidas de más amplio espectro. El amparo social y público en términos económicos debe articularse no como una medida caritativa sino como una protección del derecho a la vida y la seguridad de las personas. Al igual que una asistencia sociosanitaria y un amparo efectivo ante los factores médicos de la vulnerabilidad. Existe una amplia red de asociaciones que han nacido de la sociedad civil y cuya coordinación debería servir para establecer una base de amparo y prevención, coordinando sus iniciativas y optimizando su esfuerzo y compromiso hacia mecanismos monitorizados de efectividad. Y dos aspectos adicionales de importancia: la adaptación de la normativa en ámbitos legales y administrativos que dificulte invisibilizar a estas mujeres y a sus hijos e hijas en un farragoso procedimiento que afrontan muchas veces solas; y, siempre, la implicación social ante un problema que es colectivo y que, más allá de las vulnerabilidades citadas, que actúan como agravantes, afecta a todos los perfiles sociales.