Francia atraviesa un momento económico y político delicado. Con un gobierno minoritario al frente y una deuda pública que alcanza el 114% del PIB, el ejecutivo ha anunciado un profundo plan de recortes del gasto público en los presupuestos del próximo año. Las principales medidas expuestas por el primer ministro François Bayrou en una comparecencia cargada de solemnidad y bajo el elocuente mensaje de ‘El momento de la verdad’, consisten en la congelación de pensiones, prestaciones sociales y salarios de los funcionarios; la eliminación de dos festivos; la rebaja del pago de medicamentos, el relevo de solo dos de cada tres jubilaciones en la función pública o un impuesto para los millonarios, cuyos detalles se desconocen todavía. El objetivo para 2026 es reducir el gasto público en 44.000 millones de euros, situar el déficit en el 4,6% y encarrilarlo hacia el 2,8% para 2029. No hay que perder de vista que la deuda de Francia equivale a más de un año de lo que produce su economía. El enfoque del plan Bayrou, justificado como un intento de calmar a los mercados y controlar el déficit, despierta dudas razonables sobre sus prioridades y consecuencias sociales. El peso del ajuste vuelve a recaer sobre partidas sociales, mientras que otras áreas, como el gasto militar, experimentan incrementos notables. El fantasma de la austeridad que tan nefastas consecuencias tuvo en la economía europea postcrisis y, en particular, en la de Grecia, sobrevuela sobre una sociedad acostumbrada a un estado del bienestar vigoréxico en comparación con el de otras economías. Cuando las administraciones de diferente color político han intentado meterle mano para embridar el gasto fiscal, esos planes se han encontrado en la calle con respuestas de una contundencia que han obligado a desandar el camino. En cualquier caso, el principal problema con el que se va a encontrar el primer ministro, que tiene el apoyo sin reservas del presidente Macron, es su posición minoritaria en la Asamblea Nacional, emparedado entre dos fuerzas extremas, la ultraderechista de Marine Le Pen y la izquierdista de Jean Luc Melenchon. La moción de censura que también fulminó hace solo unos meses al anterior primer ministro, Michael Barnier, por recurrir a un artículo que permite aprobar una ley sin someterla a votación ha sido esgrimida por ambos bandos como una clara señal de oposición a los planes de recorte fiscal.