Mañana, el primer ministro François Bayrou se somete por iniciativa propia a una moción de confianza que pondrá a prueba no solo la continuidad de su gobierno, sino la orientación misma de la política francesa. Esta medida tan extrema es la respuesta a la hostilidad y el rechazo con el que ha sido recibido el plan de recorte social que Bayrou justifica por la descontrolada deuda pública, equivalente al 114% del PIB y que proyectada hacia el futuro amenaza con convertir la partida destinada a cumplir con los intereses de la deuda en la más importante del presupuesto. El guión no es nuevo: adelgazar el estado de bienestar en nombre de la estabilidad presupuestaria. La iniciativa se resume en un recorte de nada menos que 44.000 millones de euros, un tijeretazo aplicado principalmente al gasto social. En otras palabras, congelación de pensiones, prestaciones sociales y salarios de los funcionarios; eliminación de festivos; rebaja del pago de medicamentos o reducción de la función pública mediante el recorte de los relevos por jubilación. También prevé un impuesto de solidaridad para los ciudadanos más ricos. El plan fue presentado hace mes y medio como El momento de la verdad y provocó una sacudida que ni las vacaciones estivales han conseguido amainar ni reconducir hacia un díalogo que abra escenarios de negociación. Todo lo contrario. Bajo la sombra de una convocatoria popular nacida en las redes sociales que llama a paralizar el país (“Bloquons tout”) el 10 de setiembre y que evoca las protestas de los ‘chalecos amarillos’, los partidos han fijado posiciones inflexibles contra el plan del primer ministro, lo que anticipa su derrota en la sesión de la Asamblea Nacional de mañana y, consiguientemente, el fin del segundo gabinete del presidente Macron, que se suma al fracaso del gobierno de Michael Barnier el año pasado. La ultraderecha ya ha anunciado su voto en contra, al igual que la izquierda de Jean Luc Melenchon, dos grupos parlamentarios cuya suma basta para retirar la confianza a Bayrou. A este rechazo irrevocable se ha sumado también el Partido Socialista. La moción no es un trámite parlamentario, es una encrucijada para Francia, abocada a la desestabilización por su división política. El presidente Macron tiene ante sí dos alternativas: elecciones o nombrar un nuevo gobierno. Ninguna de las dos opciones garantiza por sí mismas salir de este bucle ni esquivar la amenaza de la insolvencia.