Los datos ofrecidos por Vivienda sobre la ‘desaparición’ de VPO durante décadas anteriores (1994-2022) resultan demoledores. Buena parte del esfuerzo que se había realizado con el dinero de todos los contribuyentes se ha ido al traste al no haber sabido proteger nuestro patrimonio. De no ser así, hoy el 22% de la totalidad de las viviendas construidas en nuestra comunidad serían públicas pero como no se actuó en su momento ya están en manos de particulares que han pagado a precio de mercado.

32.387 de las 58.656 viviendas protegidas ya no tiene ninguna limitación de precio. Y serán el 95% en los próximos años porque todavía quedan promociones cuyo candado de límite de precio está a punto de acabar. Es decir, viviendas que no tienen un precio público que sí lo tienen todas aquellas que se construyeron a partir de 2022: 1.806 en total. Ya no volverá a pasar pero por el camino y gracias a la gestión de UPN nos hemos quedado sin un parque inmobiliario muy valioso.

A partir de 1994 empezamos a contabilizar VPO de sello pública con la primera promoción potente en Mendillorri. En un principio únicamente tenían que pasar cinco años entre la calificación definitiva de una vivienda protegida y su descalificación, aunque el plazo fue ampliándose sucesivamente ante la evidencia de que muchos beneficiarios estaban utilizando este sistema para especular. En el 2000 se amplió a 12, tres años más tarde volvió a ampliarse a 20 y solo un año después el plazo ya se situaba en 30. Hasta el 2004 se permitió además descalificar de forma anticipada en varios supuestos que luego se recortaron.

No fue hasta 2022 cuando el Parlamento de Navarra aprobó –con el voto en contra de UPN– la calificación definitiva de las VPO para que nunca pudieran venderse en el mercado negro. Todo ello sin contar los 14.000 euros por vivienda que se dieron a modo de subvención por cada vivienda. En definitiva, tendremos que esperar otros 20 o 25 años para tener un stock de vivienda pública potente. Se dice pronto pero ante la crisis habitacional en la que nos encontramos inmersos partimos de unos déficits de materia prima que no son tan fáciles de volver a remontar. Como también habrá que depurar el censo de solicitudes (21.000) porque en muchas promociones quedan viviendas sin vender debido a las renuncias que se producen. Y no puede ser que se apunte quien no tiene necesidad pero puede comprar un piso.