Terminado el juicio contra el fiscal general del Estado, existe la sensación generalizada de que Álvaro García Ortiz recibirá una sentencia absolutoria. Otro fallo sería difícil de entender después de que durante las seis sesiones celebradas en el Tribunal Supremo no solo no haya aparecido ninguna prueba de cargo que le responsabilice de la filtración, sino que se han confirmado las dudas sobre la calificación delictiva de los hechos juzgados y la fragilidad de los supuestos indicios incriminatorios. Algo que, por otra parte, no ha sorprendido a casi nadie.

Desde el momento en que se puso en marcha este procedimiento judicial, expertos en la materia de muy distintos perfiles han ido reiterando sus dudas ante el empecinamiento del magistrado Ángel Hurtado por seguir adelante con la instrucción, y el desarrollo de la vista oral no ha logrado aportar ningún dato relevante a la secuencia conocida desde el primer día.

Al contrario, todo apunta a que no hubo intervención alguna de García Ortiz por alertar de las maniobras del entorno de Isabel Díaz Ayuso, que estaba muy interesado en retorcer la realidad para presentar como una persecución política la denuncia de la Fiscalía de Delitos Económicos contra su novio por un fraude a Hacienda de 350.000 euros.

En el juicio absolutamente nadie ha demostrado que el fiscal general sea el responsable de haber filtrado el famoso correo que alertaba del bulo. Y entre quienes han desfilado por el estrado a declarar los hay que no han quedado nada bien. Empezando por la mano derecha de Ayuso, el inclasificable MAR, que vino a reconocer que es un mentiroso patológico. Tampoco sale precisamente reforzado el prestigio de la UCO.

Sin sus informes seguramente no hubiera habido juicio, pero en la sala al teniente coronel Antonio Balas –el que vino a Pamplona a registrar las oficinas de Servinabar– no le quedó otra que reconocer que sus conclusiones se basaban en “inferencias”, en que todo se resumía a ciertas coincidencias temporales. Y qué decir del papelón del Tribunal Supremo, donde hubo quienes pensaban que el fiscal general dimitiría si le sentaban en el banquillo, pero su resistencia ha dado la vuelta a este despropósito. Se lo jugaron a la carta de que la condena era llevarle a juicio, y el tiro les ha salido por la culata.