Voy a empezar a escribir este espacio con toga y puñetas para ponerme a la altura de la actualidad. Entre las puñetas de ayer hacen especial fortuna las que rodean al presidente Pedro Sánchez. Se frotan las manos los que confían en que José Luis Ábalos empiece a largar lindezas que lo hundan definitivamente. Otra cosa es la calidad de las mismas. Ayer dijo que sí hubo reunión de Sánchez y Otegi para preparar la censura a Mariano Rajoy. Que él no lo sabe de primera mano, pero sí de una segunda que no identificó y que cualquier cábala señalaría a Santos Cerdán. Un decir sin decir nada con valor ante el juez pero que sugiere que a lo mejor si no le meten en la cárcel se acuerda de otras cosas que contar.
Mientras, el juez Ismael Moreno ha dado diez días al PSOE para que reúna la documentación de ocho años de pagos en metálico y sus justificantes. Que no digo que el partido no la tenga perfectamente archivada, pero creo recordar que la ley solo exige conservar documentación de los 5 ejercicios fiscales y administrativos anteriores. Doy por hecho que no he entendido nada y estoy equivocado yo, que no voy a saber más que el juez, claro. Aunque de ojo clínico no anda muy bien Moreno cuando el año pasado puso en libertad provisional al presunto cabecilla de la ‘Mocro Mafia’ sin medidas de vigilancia y, cuando fueron a buscarle, había volado. Habrá ido a buscar sus declaraciones de la renta.
También declaraba ayer ante la jueza que investiga lo ocurrido el día de la dana en Valencia el que fuera casi siamés de Carlos Mazón. Su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, le hacía la agenda, le servía de confesor y compartía piso con él. Como diría José Luis López Vázquez: “un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo”. Pues reveló Cuenca que borró los mensajes de su móvil y ya no están disponibles las conversaciones de aquel día. Uy, pues no es por dar ideas, pero al fiscal general eso de borrar el móvil ya se lo consideraron indicio de delito y ha acabado condenado.
LA GOTA QUE COLMA
La norma de ocultación oficial
Caso Zabalza. Entre la sucesión de motivos de asfixia que acometen al Gobierno de Sánchez, es obvio que los crímenes amparados por la razón de Estado que pudieran acreditarse desclasificando documentos oficiales no le aprietan el zapato. Es cierto que la ley franquista de secretos oficiales viene siendo un anacronismo a laminar, pero tampoco agarrarse a su reforma pendiente justifica que se eludan responsabilidades. La norma, por rancia que pueda llegar a ser, no le prohíbe al Ejecutivo desclasificar documentos ni le obliga a amparar la tortura.
