Uno de los retos globales que sigue hallando dificultades en el modo de afrontarlo, pero que contiene un trasfondo político y social relevante, es el control del espacio público digital. Este mes se cumplirá un año de la propuesta de Pedro Sánchez en el Foro Económico Mundial de Davos de vincular las cuentas en redes a una identidad digital verificada y endurecer la responsabilidad de las plataformas para combatir los mensajes de odio y la desinformación. La intoxicación informativa, la manipulación de sentimientos y la utilización espuria de los medios digitales y redes para crear estados de opinión está plenamente identificada como un riesgo objetivo para los modelos democráticos.
Hay ejemplos sobrados de estas prácticas del acoso ideológico organizado y manipulación electoral alimentada por algoritmos opacos. La autorregulación anunciada por las grandes tecnológicas y los propietarios de las redes de difusión ha fracasado o, directamente, ha sido abandonada. El pulso entre libertades y control no debe desenfocarse. Un rigor regulatorio es preciso en tanto la libertad de expresión no ampara ni el bulo deliberado ni la incitación al odio. Las campañas difamatorias de personas o colectivos, el hostigamiento y la mentira siguen hallando grandes posibilidades de salir indemnes.
Europa, con el Reglamento de Servicios Digitales, ya ha empezado a exigir más transparencia y más supervisión a las plataformas. Atar perfiles a identidades verificadas y sancionar la desinformación organizada busca fortalecer ese objetivo. Pero tampoco cabe obviar los riesgos que conlleva un sistema generalizado de identificación. La tecnología permitirá una trazabilidad total de opiniones, redes de contactos o afinidades políticas que pueden pasar factura al activismo y a las minorías, cuando la herramienta queda en manos de voluntades autoritarias. La discusión real no es controlar o no, sino bajo qué garantías.
Regular la selva digital es imprescindible, pero la intervención debe ser quirúrgica: transparencia algorítmica, trazabilidad de la publicidad política, persecución de granjas de bots y campañas coordinadas, y retirada de contenidos bajo control judicial, no arbitrario. Tolerancia cero con el odio y la mentira organizada, pero también con todo intento de convertir las redes en un archivo general de sospechosos.
