Venezuela encara un punto de inflexión que debe leerse no solo en clave de poder. La intervención de Estados Unidos ha roto un enquistamiento del régimen que difícilmente habría llevado a una apertura democrática a medio plazo, pero el precio de ese atajo es alto: el país no ha recuperado la capacidad de decidir su propio destino y el eje de esa decisión permanece fuera de sus fronteras. Ni la caída de un régimen ni la tutela ajena bastan para suturar las heridas de una sociedad desgarrada por años de miedo, pobreza y violencia institucional.

Durante décadas, amplios sectores populares se refugiaron en el chavismo como promesa de reconocimiento y protección, mientras otros eran perseguidos, silenciados o empujados al exilio por oponerse a ese mismo proyecto. En esa fractura profunda no caben soluciones simples. Los que sostuvieron al régimen no desaparecerán cuando éste se retire, como tampoco se borrará el dolor de quienes han sido encarcelados, torturados o condenados a la miseria.

La verdadera encrucijada no es solo quién gobierna, sino cómo se convive después, cómo se vuelve a mirar al vecino sin verlo como enemigo. Esa tarea no figura en la agenda de Donald Trump. Su prioridad no es ofrecer a los venezolanos un horizonte de reconciliación, sino satisfacer sus objetivos particulares. A la vista está que no contempla aniquilar al régimen sino tutelar a sus líderes. Será difícil que el diálogo directo entre quienes han ejercido la opresión y quienes la han sufrido pueda, por sí solo, alumbrar un nuevo pacto democrático.

Hará falta una mediación de rostros y voces que ambas partes puedan aceptar, capaz de escuchar antes que imponer, de garantizar que la paz no se construye sobre impunidad ni sobre humillación de amplios colectivos sociales. Trump no es ese mediador. Venezuela necesitará un gran ejercicio de memoria, justicia y reparación que reconozca a las víctimas, asuma responsabilidades y deje claro que ningún proyecto político justifica el crimen. Y deberá rescatar una economía devastada, para que la pobreza y la dependencia no sigan secuestrando la libertad de millones de personas. La ética de la transición exige devolver a la ciudadanía el derecho a vivir sin miedo, a elegir sin chantajes y a reconstruir un país donde nadie deba renunciar a sus derechos para comer.